TEGUCIGALPA — La próxima discusión en el Congreso Nacional sobre la Ley de Justicia Tributaria (LJT) ha generado controversia y una intensa campaña mediática, encabezada por figuras como Dagoberto Rodriguez de Radio Cadena Voces (RCV), que critican la medida como perjudicial para el sector empresarial de Honduras.
Diputados de la oposición, especialmente del Partido Nacional (PN) y del Partido Salvador de Honduras (PSH), han descrito la LJT como una ley que podría «chantajear y extorsionar» al empresariado nacional. Eder Mejia del PN expresó su preocupación por cómo esta legislación podría ser utilizada para presionar a los empresarios, mientras que Francisco Lopez del mismo partido la calificó de «ley de extorsión», sugiriendo incluso que la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (DIPAMPCO) debería investigar a sus proponentes.
A pesar de las fuertes críticas, algunos diputados admiten no haber leído completamente la ley ni haberla analizado en profundidad. Nelson Castellanos del PSH comentó que la LJT podría ser perjudicial al eliminar exoneraciones fiscales a empresas que son importantes generadoras de empleo en el país.
El debate llega en un momento crucial para Honduras, cuando la LJT está a punto de entrar en la fase final de estudios y dictámenes dentro del Congreso Nacional. RCV, bajo la dirección de Dagoberto Rodriguez, quien tiene vínculos con el gobierno del ex-presidente y convicto por narcotráfico Juan Orlando Hernandez, ha sido particularmente vocal en su oposición. Rodriguez, ex-presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, ha sido asociado con periodistas conocidos como «Periodistas Hermes», quienes durante el gobierno de Hernández, presuntamente recibieron pagos a cambio de cobertura mediática favorable.
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Esta situación plantea preguntas serias sobre la imparcialidad de los medios y la integridad del debate público en Honduras, especialmente en temas tan críticos como la reforma tributaria. La LJT busca modernizar y hacer más justa la estructura tributaria del país, pero enfrenta un camino difícil ante la resistencia de ciertos sectores que, según críticos, buscan proteger intereses económicos específicos en lugar del bien común.
El país está ahora ante un debate que no solo definirá su política fiscal, sino también la transparencia y equidad en el manejo de sus recursos económicos. Con la opinión pública alerta y el escrutinio internacional sobre la gestión de la economía hondureña, el resultado de esta discusión podría tener implicaciones duraderas para la estabilidad y el progreso económico de Honduras.
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