Tegucigalpa, Honduras – El Canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, expresó recientemente su preocupación por lo que considera una aparente disposición del Gobierno de Estados Unidos a influir en decisiones políticas internas de Honduras. Según Reina, esta influencia podría beneficiar a individuos implicados en actos de corrupción entre 2010 y 2022.
Reina cuestionó el interés de Estados Unidos en el proceso de negociación para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), sugiriendo una posible injerencia en dicho proceso. El Canciller enfatizó que la desactivación de la MACCIH (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) anteriormente ya había beneficiado a los mismos grupos que podrían ser favorecidos por la intervención estadounidense en la conformación de la CICIH.
«¿Por qué parece que el gobierno de Estados Unidos busca favorecer a los mismos que ya favoreció al ‘taparse los ojos’ con la expulsión de MACCIH?» se preguntó Reina, reflejando una preocupación compartida por muchos hondureños. Reina recordó que, según la visión de la presidenta Xiomara Castro, la CICIH debe ser independiente, autónoma e imparcial, no solo de la política interna de Honduras sino también de influencias externas, en alusión a la embajadora estadounidense Laura Dogu.
Además, Reina manifestó su inquietud ante posibles interferencias internas y externas en la CICIH, vinculadas a la corrupción e impunidad. Por su parte, Edmundo Orellana, exministro de transparencia del actual gobierno, recordó que la expulsión de la MACCIH no generó ninguna reacción por parte del gobierno de Estados Unidos, calificando este silencio como «connivente» en favor de los grupos de corrupción que gobernaban Honduras en ese entonces. Orellana cuestionó la autoridad moral de Estados Unidos para intervenir en el tema de la CICIH.
Finalmente, en relación con la Amnistía Política decretada al inicio del actual gobierno, Reina indicó que el gobierno está dispuesto a revisar el Decreto de Amnistía, así como el decretado en 2010 para quienes cometieron el Golpe de Estado de 2009, que benefició a individuos implicados en actos de corrupción bajo el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
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