Tegucigalpa, Honduras – En un reciente comunicado emitido por Ana García Carías de Hernández, esposa del ex-presidente hondureño Juan Orlando Hernández, se desmienten las alegaciones sobre la supuesta acumulación de una fortuna de más de 3 mil millones de dólares a través de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. Estas acusaciones, que han circulado ampliamente en medios de comunicación internacionales y han sido respaldadas por entrevistas a fuentes internas de la Drug Enforcement Administration (DEA), han generado un intenso debate sobre la situación legal y política del exmandatario y del Partido Nacional (PN).
El comunicado surge en respuesta a las declaraciones de Raúl Pineda Alvarado y al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quienes han sido citados como fuentes de las afirmaciones sobre los bienes de la familia Hernández. En el texto, García Carías califica estas afirmaciones de «irresponsables, falaces y dañinas», argumentando que forman parte de una estrategia malintencionada para manipular la verdad y desviar la atención de los hechos reales.
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La defensa de García Carías se centra en la legalidad y legitimidad de los bienes adquiridos por la familia en las últimas décadas, destacando que estos provienen del trabajo y el esfuerzo familiar, además de herencias legítimas. Enfatiza que dichos bienes están debidamente registrados y fueron declarados ante el Tribunal Superior de Cuentas, contrarrestando las acusaciones de que constituyen una «fortuna» obtenida por medios ilícitos.
El comunicado también menciona que la familia Hernández García ha sido objeto de un proceso judicial de privación de dominio desde el 1 de abril de 2022, derivado del proceso de extradición enfrentado por Juan Orlando Hernández. Sin embargo, asegura que los abogados y peritos de la familia poseen la documentación necesaria para demostrar la licitud de estos bienes.
Ana García Carías de Hernández no solo defiende la procedencia de los bienes familiares sino que también denuncia los ataques y el riesgo que estas acusaciones suponen para la seguridad de su familia, sugiriendo que detrás de ellas se encuentran «grupos oscuros» y el crimen organizado. El comunicado concluye con un llamado a los medios de comunicación para verificar las fuentes de información y evitar caer en campañas de desinformación o desprestigio.
Este comunicado representa un intento de la familia Hernández de limpiar su nombre y combatir las narrativas que los vinculan con el narcotráfico y la corrupción. Mientras tanto, la sociedad hondureña y la comunidad internacional continúan observando de cerca el desarrollo de los eventos legales y políticos que rodean a una de las figuras más controvertidas de la política hondureña reciente.
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