TEGUCIGALPA – En una revelación impactante, Pedro Chávez Madison, hermano de David Chávez, prófugo de la justicia, ha confirmado lo que muchos temían: el Partido Nacional de Honduras (PN) está condicionando la elección de los Fiscales General y Adjunto a la revocación de la orden de captura contra David Chávez. Esta maniobra política no solo amenaza la integridad del sistema judicial hondureño, sino que también pone en jaque la lucha contra la corrupción en el país.
La situación actual en el Ministerio Público es crítica, con dos abogados ocupando de manera interina las posiciones de Fiscal General y Fiscal Adjunto. Esta interinidad sigue a 12 años de impunidad marcados por gobiernos altamente corruptos, superando incluso la gestión de Rafael Callejas, miembro también del PN, quien hasta su presidencia era considerado el mandatario más corrupto en la historia democrática de Honduras. Ahora, este dudoso honor recae en Juan Orlando Hernández.
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El PN, utilizando su influencia en el Congreso Nacional, busca obtener impunidad no solo para David Chávez, sino también para exministros y diputados actuales involucrados en investigaciones por corrupción llevadas a cabo por la MACCIH, UFERCO, y la Fiscalía Contra la Corrupción. Esta estrategia revela un desprecio flagrante por la justicia y un intento descarado de manipular el sistema judicial a su favor.
Alarmantemente, parece que esta táctica cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Honduras. La embajadora Laura Dogu, en lo que se percibe como una intromisión en las decisiones soberanas de Honduras, ha estado presionando para que se elijan «a cualquier costo» las autoridades del Ministerio Público. Esta postura, alineada con la del Partido Salvador de Honduras (PSH) y su líder Salvador Nasralla, está causando tensiones y obstaculizaciones en el Congreso Nacional.
La situación es aún más preocupante considerando cómo el PN parece estar aprovechando las declaraciones del PSH y la embajadora Dogu para negociar impunidad a cambio de apaciguar las críticas de la embajadora por la falta de elección de autoridades en el Ministerio Público.
Esta serie de eventos pone de manifiesto una triste realidad: la política en Honduras está siendo manipulada por intereses particulares en detrimento del bienestar y la justicia para el pueblo hondureño. La comunidad internacional debe estar alerta y condenar enérgicamente estos actos que socavan la democracia y la lucha contra la corrupción en Honduras. Es crucial que se mantenga la presión para que se respete la independencia del poder judicial y se salvaguarde la integridad de las instituciones del país.