TEGUCIGALPA – En un giro irónico de los eventos, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se encuentra en conflicto directo con el Ministerio Público (MP), la misma entidad que lucha contra la corrupción en Honduras. Gabriela Castellanos, directora del CNA, ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra los fiscales interinos Johel Zelaya y Mario Morazán.
El centro del conflicto radica en la posición de Fiscal General. Tras la salida de Oscar Chinchilla, quien cesó en el periodo para el cual fue reelecto, Arturo Sibrian, exfiscal adjunto, se autodenominó como Fiscal General en ausencia de Chinchilla. Castellanos, reconocida por su permisividad contra la corrupción privada y haber tratado con «guantes de seda» la corrupción del expresidente Juan Orlando Hernández, sostiene que Sibrian, quien ha sido acusado de encubrir actos de corrupción en los últimos tres gobiernos del Partido Nacional (PN), debe continuar en el cargo.
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Castellanos argumenta que el procedimiento correcto habría sido mantener a Sibrian en el cargo, esperando que el PN eligiera a fiscales menos inclinados a investigar los actos de corrupción post-Golpe de Estado. Esta postura del CNA ha generado controversia, ya que parece ir en contra de los esfuerzos anticorrupción. Además, el CNA ha declarado que no descansará hasta que los fiscales sean seleccionados por todas las bancadas políticas.
Al ser consultada sobre la posibilidad de que el PN esté buscando impunidad a cambio de la elección de autoridades del MP, Castellanos evitó comentar directamente, alegando falta de evidencia sobre dichas demandas de impunidad.
Por otro lado, las nuevas autoridades del MP han avanzado en investigaciones estancadas y han emitido órdenes de captura importantes, como las dirigidas contra Alba Consuelo Flores y Rocio Tabora por el caso de estafa en la compra de hospitales móviles. También han llevado a cabo operativos significativos contra el narcotráfico, incluyendo la Operación Katanga, entre otras acciones judiciales.
Este conflicto entre el CNA y el MP plantea serias preguntas sobre la lucha contra la corrupción en Honduras y la integridad de las instituciones involucradas.
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