Tegucigalpa, M.D.C. – Un reciente escándalo de corrupción en el Instituto de la Propiedad (IP), revelando la profunda corrupción y la falta de ética en la administración de fondos públicos destinados a la modernización de esta institución por medio de uno pocos fideicomisos que aun sobreviven del gobiernoque dirigío el narcotráficante Juan Orlando Hernández. Lo que se suponía que era una iniciativa para actualizar y mejorar los servicios del IP, ha degenerado en un esquema bien elaborado de desvío de recursos hacia actividades proselitistas en beneficio del Movimiento «Juntos por el Cambio» liderado por el diputado de LIBRE, Jorge Cálix.
El Fideicomiso del Instituto de la Propiedad, originalmente creado para financiar la modernización tecnológica y logística del IP, ha sido pervertido de tal manera que cientos de millones de lempiras han sido desviados para campañas políticas y actividades proselitistas. Entre las acusaciones más graves se encuentra el uso de estos fondos para la compra de estufas, canastas de alimentos y kits de cocina, que fueron distribuidos con fines electorales, robando literalmente el dinero de los contribuyentes para promocionar a los candidatos de Cálix.
El IP tiene la responsabilidad fundamental de gestionar el registro de propiedades inmuebles, asegurar la transparencia y legalidad en la tenencia y transferencia de bienes raíces, administrar el registro de vehículos y mantener el catastro nacional. Estas funciones son vitales para el ordenamiento territorial y la seguridad jurídica en Honduras. Sin embargo, la corrupción desenfrenada ha socavado la capacidad del IP para cumplir con estas funciones esenciales.
Un Fideicomiso Corrupto
De acuerdo con el comunicado DCI-031-2024 emitido por la Secretaría de Finanzas (SEFIN), desde el año 2015 hasta el 2022, el IP dejó de transferir aproximadamente L19,000.00 millones a la Cuenta Única del Tesoro. Estos fondos fueron manejados fuera del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, mediante fideicomisos que operaban en la banca privada, violando las normas constitucionales y legales.
SEFIN ha denunciado que la ejecución de fondos vía fideicomisos fue una estrategia de corrupción público-privada orientada a desviar fondos públicos. En 2020, se creó la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) para centralizar la gestión de recaudaciones, pero en lugar de corregir los problemas, la situación empeoró. En diciembre de 2021, SEFIN solicitó la devolución de los recursos transferidos, pero la administración del IP ignoró la petición. En marzo de 2022, el Congreso Nacional liquidó el fideicomiso SITEC-IP, pero solo se cumplió parcialmente con la transferencia de los fondos a la Caja Unica.
SEFIN, cumpliendo con su mandato legal, inició auditorías internas y presentó denuncias ante la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO). Parte de los montos fueron desembolsados después de la liquidación del fideicomiso SITEC-IP, y estas erogaciones están en proceso de documentación para su remisión a las autoridades correspondientes.
Hasta la fecha, el IP no ha remitido la documentación requerida para asegurar que los proyectos fueron realizados en condiciones de transparencia y legalidad. La falta de contratos, informes de supervisión de obra, expedientes administrativos completos y listados de beneficiarios levanta serias dudas sobre la integridad y la honestidad de los administradores del IP.
Asalto a Fondos Públicos
La revelación de que el IP ha invertido cientos de millones de lempiras en actividades proselitistas es una afrenta a los ciudadanos hondureños. La compra y distribución de estufas, canastas de alimentos y kits de cocina con fines electorales no solo es inmoral, sino que también representa un desvío flagrante de los recursos que deberían ser utilizados para mejorar los servicios del IP.
La SEFIN ha reiterado su compromiso de no realizar desembolsos a instituciones que no cumplan con los criterios de transparencia y legalidad en el manejo de fondos públicos. Este compromiso es fundamental para restaurar la confianza pública y garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada y en beneficio de la nación.
El escándalo en el Instituto de la Propiedad es un recordatorio de la corrupción que puede infiltrarse en las instituciones públicas. Es necesario que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen medidas contundentes para responsabilizar a los culpables.
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