Eco 
Axel Lopez (izq), Laura Dogu (centro) y Gilbert Santiago Reyes (der)
Las recientes declaraciones de la embajadora estadounidense Laura Dogu, sugiriendo que Estados Unidos no tiene obligación de extraditar a sus ciudadanos por asesinatos cometidos en Honduras, han suscitado una profunda preocupación. Esta postura pone en tela de juicio la integridad moral de un país que parece preferir la impunidad, lo cual podría erosionar la confianza de Honduras en Estados Unidos.
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El caso de Gilbert Santiago Reyes, principal sospechoso del triple asesinato en Roatán, y la negativa previa de extraditar a Axel Lopez por fraude, ilustran una tendencia preocupante. Mientras el Canciller Eduardo Enrique Reina aclara que el Tratado de Extradición de 1909 incluye el asesinato como delito extraditable, Estados Unidos parece adoptar una postura discrecional, socavando la efectividad y vigencia del tratado.
Este enfoque de Estados Unidos hacia la extradición no solo fomenta la impunidad, sino que también perpetúa el sufrimiento de las familias de las víctimas, quienes enfrentan un dolor continuo y una sensación de injusticia. La falta de apoyo y recursos para estas familias agrava su trauma, dejándolas aisladas en su duelo.
Este escenario plantea preguntas serias sobre la validez de tratados internacionales no recíprocos y la integridad de un país que ha apoyado acciones antidemocráticas en Honduras. La impunidad en casos de asesinato no solo es una tragedia para las familias afectadas, sino también una mancha en la moralidad internacional de cualquier nación que se niegue a colaborar en la búsqueda de justicia.
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