De cero a 100 en 6 años: El ascenso financiero de la ASJ y sus vínculos con los gobiernos de Lobo y Hernández
Espacio Conciente 
Edificio de la Asociación para una Sociedad mas Justa
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) de Honduras, fundada en 1998, pasó de ser una organización modesta a una entidad prominente y financieramente robusta en tan solo dos décadas. Esta ONG, que inició con un empleado a tiempo parcial trabajando en un garaje, ha experimentado un crecimiento exponencial, especialmente durante los gobiernos de Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2022).
Durante el gobierno de Lobo, la ASJ comenzó a ganar visibilidad en los medios y en los círculos internacionales. Su filial en Estados Unidos jugó un papel crucial, facilitando la integración de ASJ Honduras en plataformas de incidencia civil a nivel global. Esta expansión coincidió con una cercanía política entre la ASJ y Juan Orlando Hernández, quien en aquel entonces era presidente del Congreso Nacional.
La relación entre la ASJ y el gobierno de Hernández se fortaleció con la firma de un convenio con Transparencia Internacional (TI) en 2014. Este acuerdo, presentado como un esfuerzo para promover la transparencia y combatir la corrupción, ha sido criticado por algunos como una estrategia para mejorar la imagen del gobierno en medio de crecientes acusaciones de corrupción.
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Los representantes de la ASJ, incluido su vicepresidente Kurt Alan Ver Beek, han expresado que la firma del convenio era un reconocimiento de los problemas de corrupción en Honduras, aunque insistieron en que no se trataba de un «premio» para el gobierno de Hernández. Sin embargo, Carlos Hernández, otro representante de la ASJ, admitió que inicialmente la sociedad civil veía con recelo las referencias del presidente Hernández al convenio con TI, interpretándolas como un intento de legitimar su administración.
El convenio otorgó a TI la facultad de investigar en varias instituciones gubernamentales, pero nunca se implementó plenamente, alimentando las especulaciones de que su propósito principal era limpiar la imagen del gobierno.
Mientras tanto, la ASJ experimentó un crecimiento financiero notable, culminando en la construcción de un edificio valorado en más de 100 millones de Lempiras. Este desarrollo ha generado interrogantes sobre cómo una organización que luchaba por pagar la renta hace apenas unos años pudo financiar tal proyecto. Algunos críticos sugieren que este crecimiento fue posible gracias a los favores políticos y los fondos públicos recibidos durante los gobiernos de Lobo y Hernández.
El caso de la ASJ pone de manifiesto la compleja interacción entre las ONGs, el gobierno y la política en Honduras, y plantea preguntas importantes sobre la transparencia y la responsabilidad en el sector no gubernamental.
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