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Alia Kaffati compró casilla por 2.5millones
Tegucigalpa, Honduras – En Honduras, el acceso a los cargos públicos no solo depende de la ideología o de la voluntad de servicio, sino también del dinero. La reciente controversia que involucra a Salvador Nasralla, Iroshka Elvir y la venta de casillas en el Partido Liberal ha puesto en evidencia cómo el sistema político hondureño está estructurado en torno al poder adquisitivo, dejando a un lado el mérito y las propuestas.
El escándalo se desató tras las declaraciones de Alia Kafati, representante del movimiento “Salvemos Honduras” de Salvador Nasralla, en el podcast El Espectador. Kafati negó que se estuviera cobrando a los precandidatos para obtener casillas, pero la situación escaló cuando atacó a Julia Talbott, del movimiento “Honduras Renace”. Talbott no tardó en responder, asegurando tener un audio en el que Kafati admitía que Iroshka Elvir, esposa de Nasralla, había solicitado 2.5 millones de lempiras por una casilla.
Cuotas millonarias: El costo de participar en política
En el Partido Liberal, inscribirse en un movimiento interno requiere el pago de 4 millones de lempiras como cuota partidaria. Este monto generalmente se recauda entre los precandidatos a alcaldías y diputaciones, quienes deben desembolsar sumas que varían según la importancia del municipio o departamento. Esto convierte el acceso a la política en un lujo reservado para quienes tienen los recursos, perpetuando un sistema en el que el poder se negocia, y no se gana por mérito.
En el caso de Francisco Morazán, un diputado propietario gana alrededor de 800,000 lempiras al año. Esto significa que el costo de inscripción equivale a tres años de salario, sin incluir los elevados gastos de campaña, que pueden duplicar esta cifra. Ante esto, surge una pregunta inevitable: ¿cómo recuperan los candidatos esta inversión? La respuesta implícita apunta a prácticas corruptas, como el tráfico de influencias o la asignación de contratos estatales.
Salvador Nasralla ha construido su carrera política con un discurso enfocado en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, este esquema de financiamiento contradice su narrativa. La presunta participación de su esposa, Iroshka Elvir, en la solicitud de dinero por casillas refuerza las críticas hacia un sistema político donde el acceso al poder está condicionado por el dinero. Este caso, aunque no exclusivo de Nasralla, resalta la falta de coherencia entre su discurso y las prácticas de su movimiento.
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El audio y las inconsistencias
El escándalo tomó fuerza con la difusión de un audio en el que Alia Kafati afirma: “Sí, me dijo Iroshka, vino a mi casa y me dijo que a mí se me estaba pidiendo 2.5 millones por la casilla.” Ante esta evidencia, Kafati publicó un video para intentar aclarar la situación, asegurando que el dinero no era para la casilla, sino para gastos de campaña. Sin embargo, su explicación dejó más preguntas que respuestas.
¿Por qué Iroshka Elvir, representante del movimiento de Nasralla, visitó a Kafati cuando esta aún formaba parte del movimiento de Jorge Cálix? ¿Qué negociaciones estaban ocurriendo tras bambalinas? Además, Kafati afirmó en el audio que había dado su palabra a Cálix, describiéndola como “oro”. Entonces, ¿por qué terminó cambiando de movimiento? Estas inconsistencias debilitan aún más la credibilidad de su aclaratoria.
Otro punto problemático es la falta de pruebas que respalden las afirmaciones de Kafati. Si el audio fue sacado de contexto, ¿por qué no presentó el supuesto contexto completo? En lugar de apagar el escándalo, su intervención solo avivó las dudas y la indignación.
Este caso no es un incidente aislado, sino un reflejo de un sistema político profundamente mercantilizado. La venta de casillas y las cuotas millonarias evidencian cómo el acceso al poder en Honduras está diseñado para beneficiar a las élites económicas. Los precandidatos que logran entrar al sistema asumen costos exorbitantes que luego se traducen en presiones para recuperar su inversión, alimentando un ciclo de corrupción y malversación de fondos públicos.
El impacto de este modelo trasciende las disputas internas del Partido Liberal o los movimientos de Nasralla. Perpetúa un sistema donde las decisiones políticas no responden a las necesidades del pueblo, sino a los intereses de quienes pueden pagar por participar. Esto debilita la confianza en las instituciones y aleja a los ciudadanos comunes de los procesos democráticos.
Ante este panorama, surge una pregunta crucial: ¿es posible construir una política ética en Honduras? La respuesta pasa por reformar profundamente el sistema político, estableciendo regulaciones claras sobre el financiamiento de campañas y eliminando prácticas como la venta de casillas. Además, es fundamental promover la transparencia y la rendición de cuentas, no solo en los partidos tradicionales, sino también en los movimientos que se presentan como alternativas.
La participación política no debe ser un privilegio reservado para quienes tienen dinero. En cambio, debería basarse en ideas, propuestas y un compromiso genuino con el bienestar colectivo. Para lograrlo, se necesita un esfuerzo conjunto de ciudadanos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil para exigir un sistema más justo y democrático.
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