
Alba Consuelo Flores asumió su cargo como ministra de salud en 2018 y Rocío Tábora en ese mismo año
Rocío Flores y Alba Consuelo Flores continúan en fuga, generando llamado de alerta en el caso de los hospitales móviles fraudulentos
Autoridades del Ministerio Público obtienen resultados positivos en la lucha contra la corrupción en Honduras
En un desarrollo impactante del caso de fraude relacionado con la compra de hospitales móviles en Honduras, se informa que se ha expedido una orden de captura para Rocío Flores y Alba Consuelo Flores, ex ministras implicadas en el escándalo. Ambas se encuentran actualmente en fuga y son buscadas por las autoridades para enfrentar las acusaciones en su contra.
El Ministerio Público ha intensificado los esfuerzos para llevar ante la justicia a las personas responsables del desfalco de fondos públicos durante la adquisición de los hospitales móviles. Estas instalaciones, adquiridas a una empresa de Turquía por un monto de 47,5 millones de dólares, resultaron ser de mala calidad y poco útiles en la atención de pacientes con COVID-19. El caso ha generado una ola de indignación en el país, y la sociedad hondureña espera una resolución ejemplar que envíe un mensaje fuerte contra la corrupción.
Según fuentes confiables, Rocío Flores y Alba Consuelo Flores son buscadas internacionalmente debido a la gravedad de las acusaciones en su contra. Durante la investigación, se han presentado pruebas sustanciales que los vinculan con el coordinamiento de acciones fraudulentas junto a otros funcionarios y empresarios involucrados en la operación de compra de los hospitales móviles. Con la emisión de las órdenes de captura, las autoridades esperan llevar a estas personas ante la justicia y garantizar que enfrenten las consecuencias de sus actos.
Este nuevo desarrollo añade un capítulo adicional de intriga y suspense al caso, ya que ahora se intensificarán los esfuerzos para localizar y aprehender a las acusadas. La colaboración internacional será clave en esta etapa, pues es necesario coordinar esfuerzos con las autoridades de otros países para lograr su captura y extradición. La sociedad hondureña aguarda con expectativa el avance de las medidas legales y confía en que se haga justicia en este caso de corrupción que ha impactado negativamente a la nación.
Las autoridades hondureñas y el Ministerio Público se mantienen firmes en su compromiso de desmantelar las redes de corrupción que operan en el país y enviar un mensaje enérgico de que los actos ilícitos no quedarán impunes. Se espera que este caso sirva como un precedente importante para combatir de manera efectiva la corrupción en todos los niveles y restablecer la confianza de la población en las instituciones gubernamentales.
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