Desde el año 2021 hasta el 2023, la Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH) recibió más de 95 millones de lempiras en donaciones provenientes del fideicomiso del Instituto de la Propiedad (IP) a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). Jorge Calix, mediante Darío García quien era Director de Instituto de la Propiedad, dispuso del dinero del fideicomiso sin ningún tipo de escrúpulos, firmando convenios y adendas que inflaron descaradamente los montos destinados a esta ONG, supuestamente sin fines de lucro.
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La Fundación FIPADEH, creada en marzo de 2007, se presenta como una organización dedicada al desarrollo integral de las familias y personas en situación de riesgo. Según sus estatutos, su principal objetivo es implementar proyectos y programas que mejoren significativamente la calidad de vida de los individuos. Sin embargo, el manejo de los fondos donados por el IP levanta serias dudas sobre la verdadera finalidad de sus actividades.
Todo el dinero otorgado a FIPADEH se hizo en calidad de donación, lo cual representaba una grave irregularidad. Jorge Cálix, utilizando su influencia, dispuso de los fondos provenientes de los impuestos para entregarlos a una ONG sin fines de lucro, en lugar de destinarlos a proyectos concretos. Esta acción es particularmente condenable porque el trabajo para el cual se donó el dinero, la identificación y reubicación de beneficiarios para viviendas afectados por las tormentas ETA y IOTA, nunca se llevó se realizaron, dejando al descubierto un esquema de malversación y corrupción que perjudicó gravemente las finanzas públicas del país.
El convenio original firmado por la UCP y FIPADEH, fechado el 20 de agosto de 2021, destinaba L. 15,026,250.00 a la identificación de 5000 beneficiarios para viviendas que nunca se construyeron. Este acuerdo fue establecido durante la presidencia de Juan Orlando Hernández. En teoría, FIPADEH debía brindar atención personalizada a las personas afectadas por las tormentas ETA e IOTA, identificando beneficiarios y reubicándolos en proyectos financiados por la UCP en diversos departamentos de Honduras.
Primera Adenda: Incremento Masivo de Fondos
El 21 de enero de 2022, bajo la administración de Cristy Dayanara Sánchez como Encargada Técnica de la UCP, se firmó la primera adenda al convenio con FIPADEH. Esta adenda no solo extendía el plazo del proyecto sino que incrementaba el monto de la donación de manera considerable, elevándolo a L. 49,700,000.00, un incremento de más del 300%. La UCP justificó esta expansión alegando que FIPADEH había mostrado un buen desempeño y apoyo institucional.
Esta adenda ampliaba el proyecto para incluir un nuevo componente de fortalecimiento en varios municipios, aumentando significativamente el presupuesto original. Sin embargo, ya en este punto, las irregularidades comenzaron a ser evidentes, dado que las viviendas para las cuales se destinaban estos fondos aún no habían sido construidas.
Segunda Adenda: Continuación de las Irregularidades
La segunda adenda, firmada el 24 de marzo de 2022, cuando Darío García ya estaba al mando como Secretario Ejecutivo del IP, añadía otros L. 16 millones al convenio, elevando el total a L. 80,726,250.00. La UCP argumentó que esta ampliación era necesaria debido a los retrasos en la construcción de las viviendas y la necesidad de continuar con la capacitación y organización de los beneficiarios.
La UCP afirmó que FIPADEH había completado las fases 1 y 2 del plan de trabajo y que se encontraba en la fase 4: Proceso de Capacitación. La fase 3, que consistía en la firma del acta de compromiso por parte de los beneficiarios, no se había realizado debido a los retrasos en la construcción. Sin embargo, este argumento se tornaba inválido considerando que FIPADEH no era responsable de la construcción de las viviendas, sino solo de identificar a los beneficiarios.
Tercera Adenda: Culminación del Fraude
A pesar de las obvias señales de corrupción y sobrevaloración, se firmó una tercera adenda que añadía L. 14,910,000.00, llevando el total de la donación a L. 95,636,250.00. Este último incremento se firmó incluso después de que se ordenara el cierre del fideicomiso en febrero de 2022. Bajo el liderazgo político de Jorge Cálix, el IP, a través de la UCP, continuó firmando contratos y convenios que desviaron casi 100 millones de lempiras a una ONG para identificar beneficiarios de casas que nunca se construyeron.
Este escándalo subraya la necesidad urgente de una reforma en la administración de los fondos públicos en Honduras. La transparencia y el control institucional son esenciales para evitar la repetición de estos esquemas corruptos que perjudican gravemente a la sociedad hondureña.
Entregan Pruebas de Corrupción al Ministerio Público
El Ministro de Finanzas de Honduras, en un acto de transparencia y rendición de cuentas, entregó recientemente al Ministerio Público una serie de pruebas documentales que demuestran la corrupción sistemática en el fideicomiso del Instituto de la Propiedad (IP) y otros fideicomisos. Estas pruebas incluyen oficios, resoluciones, actas de comités técnicos, informes de liquidación, transferencias y listados de empresas y ONGs contratadas, evidencias incontrovertibles de los actos ilícitos que han perjudicado gravemente las finanzas públicas del país.
La documentación entregada por el Ministro de Finanzas pone de manifiesto la magnitud del desfalco y el manejo irregular de los fondos públicos, confirmando las sospechas de corrupción en los proyectos gestionados por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) y otros fideicomisos. Con estos elementos en mano, se espera que el Ministerio Público inicie las investigaciones pertinentes y proceda con los requerimientos fiscales necesarios para llevar a los responsables ante la justicia, asegurando así que los recursos del Estado sean utilizados de manera transparente y en beneficio de la población hondureña.
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