Expuesta la corrupción en la Dirección General del Servicio Civil: Finanzas Públicas sufren grave perjuicio
Espacio Conciente 
Merary Diaz y Juan Orlando Hernández
Nuevas Autoridades del Servicio Civil y Ministerio Público en la Búsqueda de Justicia
Diputada Merary Díaz Molina en el Ojo del Huracán por Acusaciones de Corrupción
TEGUCIGALPA – La diputada Merary Díaz Molina, del Partido Nacional, enfrenta serias acusaciones de corrupción de parte de Amable de Jesús Hernández, Director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp). Hernández señaló a Díaz Molina como la principal responsable de un fraude masivo en la contratación de personal durante su gestión al frente de la antigua Dirección General del Servicio Civil.
Fuentes internas de la Dirección General de Servicio Civil, ahora dirigida por el abogado Russel Garay, confirmaron que están trabajando conjuntamente con las nuevas autoridades del Ministerio Público para construir un caso sólido contra Díaz Molina.
El fraude, que se ejecutó con una contratación apresurada y sin el presupuesto necesario, ha causado un daño considerable a las arcas del Estado, particularmente al presupuesto de salud, con un impacto negativo estimado en un 25%.
La denuncia de Hernández se produce en un momento de cambio estructural dentro del Ministerio Público, con un nuevo Fiscal General que no pertenece al Partido Nacional, sino que fue designado por el Partido Libre, actualmente en el poder. Este cambio parece indicar una ruptura con las prácticas pasadas de impunidad para los funcionarios implicados en actos de corrupción.
El escándalo en torno a Díaz Molina se hizo público en marzo pasado, cuando la Comisión Interventora de la Dirección General del Servicio Civil reveló la contratación de más de 10 mil empleados en el último mes de la administración anterior, sin cumplir con los requisitos necesarios para los puestos. Este hallazgo ha despertado serias interrogantes sobre el futuro de estos empleados, muchos de los cuales aún ocupan cargos gubernamentales.
Instituciones clave como Salud, Educación, Finanzas, Gobernación, Migración y Senasa han sido las más afectadas por las alegadas contrataciones irregulares que tuvieron lugar entre diciembre de 2021 y enero de 2022, justo antes de que la presidenta Xiomara Castro asumiera el poder.
Díaz Molina ahora se encuentra en el centro de una tormenta administrativa, acusada de haber causado un perjuicio considerable al Estado hondureño. A medida que avanza la investigación, es probable que surjan más detalles sobre el alcance de la corrupción y su impacto en las finanzas públicas del país.
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