Honduras navega entre Reformas Económicas y Desafíos Sociales bajo la mirada y aplausos del FMI
Espacio Conciente 
Exitosa gestión del Gobierno de Xiomara Castro
«Honduras ha mostrado un rendimiento mejor de lo esperado… En términos de Reservas Internacionales Netas, el país sostiene importaciones equivalentes a cinco meses», afirmó Rodrigo Valdés, Director del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Todo indica que el gobierno de Xiomara Castro, debido a su manejo de la política económica, podría convertirse en un alumno ejemplar del Fondo Monetario Internacional (FMI), recibiendo elogios y graduándose con honores, al igual que ocurrió con el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) entre 2014 y 2021, donde los elogios fueron dobles. En septiembre de 2023, el gobierno alcanzó un acuerdo de cooperación que incluye recursos del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y del Servicio de Crédito Ampliado (SCA) por tres años, permitiendo el acceso a aproximadamente 830 millones de dólares.
Estos elogios iniciales, aunque la turbulencia política podría afectar el cumplimiento de las metas con el FMI durante 2024-2025, están relacionados con los esfuerzos del gobierno por mantener bajo control las presiones inflacionarias y demostrar un manejo efectivo del déficit fiscal. Sin embargo, el endeudamiento público y el drenaje de recursos que genera, especialmente por la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), podrían socavar las acciones post-COVID-19 para asegurar el espacio fiscal necesario para la inversión productiva-social, el cambio climático, la lucha contra la pobreza y la inseguridad alimentaria. Además, se registra un crecimiento positivo del PIB en 2022-2023 con buenos pronósticos para 2024-2025.
La inflación disminuyó de 9.8% en 2022 a 5.19% en 2023, y se espera que se sitúe entre el 4% y el 5% en promedio para 2024-2025. Se estima que el déficit fiscal de la Administración Pública Central (APC) será del 1.3% del PIB en 2024, significativamente inferior al 5% del PIB en 2021 y al 7.0% del PIB en 2020. Para el Sector Público No Financiero (SPNF), se proyecta un déficit del 3% del PIB en 2024, mayor que en 2022 y 2023, pero con un espacio fiscal para inversión productiva del 1.3% del PIB.
Entre 2022 y 2023, la tasa de crecimiento promedio del PIB fue superior al 3.7%, y para 2024 se prevé un crecimiento del 3.6%, posicionando a Honduras como uno de los países con mayor crecimiento en la región centroamericana. Este crecimiento, impulsado significativamente por el gobierno, especialmente en apoyo a la inversión económica, social y productiva, también se ha visto favorecido por una baja Tasa de Política Monetaria (TPM) del 3.00% y un aumento en los flujos de remesas familiares, frente a un repunte en la Inversión Extranjera Directa que superó los 1,000 millones de dólares en 2023.
Los ingresos del gobierno también aumentaron en más de 10,100 millones de lempiras entre 2022 y 2023, en un contexto donde el FMI exige la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria para sostener el espacio fiscal. Además, la importancia del flujo de remesas es equivalente a más de cinco meses de importaciones, reflejando la resiliencia de la economía hondureña ante choques externos.
Existen, sin embargo, aspectos de la agenda que requieren un tratamiento integral más allá de los simples objetivos de estabilización económica y reformas sectoriales. La sostenibilidad del endeudamiento y la productividad del gasto de inversión son cruciales. En 2022, el gobierno tuvo que recurrir a recursos internos, como préstamos del Banco Central, para enfrentar los desequilibrios financieros, mientras ordenaba las finanzas públicas, como la implementación de la caja única y la eliminación de la mayoría de los fideicomisos, que actuaban en detrimento del Estado.
El crédito inicial del Banco Central al gobierno fue de 1,000 millones de dólares, al que se sumaron 336 millones de dólares de fondos DEG para apoyo presupuestario y pagos del servicio de la deuda autorizados por el FMI.
Se espera que las condiciones del crédito externo continúen mejorando, de modo que, en el futuro, se deberían utilizar recursos que no comprometan la capacidad de pago del país, complementados con acciones de cooperación internacional para modificar, en lo posible, el perfil de la deuda.
Al cierre de 2023, cifras de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) muestran que la deuda total de la Administración Pública Central (APC) ascendió a 16,667.8 millones de dólares, a lo que se suman 4,003.2 millones de dólares de la ENEE, unos 784.7 millones de dólares de las Alianzas Público-Privadas (APP), y deuda de gobiernos locales por 411.5 millones. Un 32.2% de esa deuda son créditos externos y el 66% créditos internos, dejando el resto (1.8%) como financiamiento bilateral del presupuesto anual.
Honduras, contrario a lo que podría pensarse por ser un gobierno de corte progresista, ha demostrado ser un buen pagador, lo que se refleja en un menor saldo de la deuda externa del Sector Público No Financiero según el Banco Central. En 2023 se desembolsaron 881.4 millones de dólares, representando un 28.3% del PIB en pagos del servicio de la deuda (capital más intereses), que sumados a la deuda del Banco Central de 977.8 millones de dólares, refleja un pago mayor de 205.2 millones si se compara con 2022.
La reforma pendiente del sector energético, donde la crisis de la ENEE es el principal obstáculo, también es un tema crucial. Aunque al FMI no le agradó que el gobierno retomara el control de la ENEE, considerándola un bien y patrimonio público, es conveniente demostrar que fue la decisión correcta en el cumplimiento de metas, incluyendo la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas por encima del 36%, y una gestión transparente en los contratos de energía. Esta es quizás una de las reformas estructurales más importantes dentro de los programas de ajuste que el FMI debe acompañar para concluir un proceso que se ha extendido por más de 15 años, eliminando fugas de fondos públicos.
La resiliencia frente al cambio climático es uno de los desafíos principales de las políticas económicas y ambientales del país, sumado a un fortalecimiento de la institucionalidad y la gobernanza. Es clave la descentralización del Estado, con la transferencia de competencias, recursos, funciones y poder a gobiernos locales, organizaciones y grupos comunitarios y ambientales para la protección de recursos naturales y la gestión del riesgo ambiental y alimentario en las principales regiones y departamentos del país. Los incendios forestales afectan los cultivos, en igual o mayor medida que la sequía.
En cuanto a la política cambiaria, también parte del acuerdo con el FMI, se ha optado por una política de minidevaluaciones, con ajustes pequeños de la tasa de cambio para contrarrestar la pérdida de competitividad de las exportaciones al apreciarse el lempira frente a las monedas de los principales socios comerciales. Esta política, a diferencia del pasado, tiene un costo más visible, que es la pérdida de reservas monetarias para satisfacer la demanda de divisas y mantener la paridad dentro de los márgenes aceptables, conforme a las reglas establecidas por el Banco Central, sin indicios de un mercado paralelo.
El FMI apoyará al gobierno en un estudio del mercado cambiario, para determinar cuál o cuáles regímenes cambiarios son más adecuados. Este es un trabajo muy delicado, ya que en el pasado el Fondo recomendó una devaluación excesiva del lempira y una liberalización del mercado cambiario, como lo hizo JOH al final de su mandato, pero sin devaluaciones abruptas. El gobierno actual de Socialismo Democrático es poco probable que ceda en estas pretensiones, aunque podría aprobar una legislación que otorgue más autonomía al Banco Central.
Las remesas familiares, más que las exportaciones e ingresos de divisas a través de préstamos, se han consolidado como un escudo protector frente a la devaluación y la liberalización cambiaria total. «Los flujos de remesas familiares ascendieron a 8,683.6 millones de dólares en 2022, un 17.8% más que lo registrado en 2021. La importancia de las remesas en la economía hondureña ha aumentado en los últimos años: en 2000 representaban el 6.1% del PIB, mientras que en 2021 ascendieron al 25.3% del PIB. Del mismo modo, en 2000, las remesas eran equivalentes al 13.2% de las exportaciones de bienes, mientras que en 2021 esta proporción aumentó al 70.3%. Respecto a la importación de mercancías generales CIF, en 2021 este indicador representó un 54.3%, y en relación con el gasto de consumo final del sector privado, un 29.8% en el mismo año», refleja la creciente dependencia de la economía hondureña de estas transferencias monetarias.
La flexibilidad del mercado laboral es otro tema pendiente en la agenda entre actores económicos, gremios y el gobierno. Se busca derogar la Ley de Empleo por Hora, considerada por muchos como un mecanismo que precariza el trabajo. Aunque el FMI promueve la flexibilización laboral, la preocupación inmediata es cómo generar recursos internos para financiar la mayoría de la inversión productiva. La tradición de los programas de ajuste del FMI sugiere que el logro de objetivos de estabilización económica debería atraer mayor inversión extranjera, aumentar los flujos de recursos por la cooperación multilateral, mejorar las condiciones de los préstamos privados y generar mayor confianza en el empresariado local.
El gobierno debe evitar caer en la trampa de los objetivos de estabilización económica «resorte», es decir, aquellos en los que baja la inflación, aumenta ligeramente el PIB, se reduce el déficit fiscal y se honra el pago de los servicios de la deuda externa con más deuda, pero simultáneamente aumenta el desempleo o subempleo, la pobreza, la inseguridad alimentaria, la migración y la pérdida acelerada de bosques, fuentes de agua y biodiversidad, tal como ocurrió en el gobierno de JOH.
Existen evidencias de problemas cuya solución va más allá de la estabilización propuesta por el FMI y el ajuste estructural del Banco Mundial, como la presencia de cerca de un millón de jóvenes entre 17 y 30 años que ni estudian ni trabajan, de los cuales el 72% son mujeres (INE, 2022). La apuesta por empleos precarios no resuelve el problema; se requieren enfoques más integrales que incluyan acceso a la tierra y otros activos productivos para estas mujeres. Además, el 64.1% de la población se encuentra en situación de pobreza y 1.5 millones de personas padecen hambre. Tal vez, parte de los fondos del espacio fiscal apoyado por el FMI deberían destinarse a estos fines, y así, los aplausos serían más que bienvenidos y ampliamente publicitados.
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