Honduras Posee Tratado de Extradición para Asesinatos: ¿Cumplirá EE. UU. su Compromiso?
Eco 
Honduras pediría extradición del asesino de las 3 en Roatán
La tragedia que golpeó a Roatán con el brutal asesinato de Maria Cruz, Dione Solorzano y Nikendra MacCoy, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo y luego trasladados a San Pedro Sula para la autopsia, ha generado un clamor unánime por justicia. La posible implicación de Gilbert Santiago Reyes, ciudadano estadounidense y ex pareja de una de las víctimas, quien huyó a Estados Unidos un día antes del hallazgo de los cuerpos, es el centro de un debate legal y diplomático.
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Recientemente, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, indicó que, según el Acuerdo de Extradición de 2013 entre ambos países, no hay una cláusula específica para la extradición por homicidio o asesinato. Esta declaración plantea un grave desafío para el caso, poniendo en peligro la posibilidad de que Reyes sea juzgado en Honduras. Dogu, a pesar de reconocer las limitaciones del tratado, ha mostrado disposición para colaborar en la búsqueda de justicia.
No obstante, el Canciller hondureño Enrique Reina contradice esta interpretación, destacando que el Tratado de Extradición de 1909, efectivamente, considera el homicidio como un delito extraditable. Este tratado, ampliado en 2012 para incluir delitos como tráfico de drogas, terrorismo y crimen organizado, refleja el compromiso de Honduras en la lucha contra delitos graves y transnacionales.
Los familiares de las víctimas, apoyados por la comunidad, demandan que el gobierno de Honduras continúe con las investigaciones necesarias y solicite la extradición de Reyes si se demuestra su implicación en el crimen. Argumentan que negar la extradición sería promover la impunidad, dañando la credibilidad y las relaciones diplomáticas entre Honduras y Estados Unidos. Instan a las autoridades estadounidenses a no proteger a un posible delincuente, responsable del dolor y la orfandad de los hijos de las víctimas.
Esta situación pone a prueba la fortaleza de los lazos diplomáticos y legales entre Honduras y Estados Unidos, evidenciando la necesidad de una colaboración eficaz y justa para combatir el crimen y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este caso, esperando que la justicia prevalezca sobre la burocracia y las limitaciones legales.
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