Tegucigalpa, Honduras – Resultados optimistas para la economía hondureña, el Gobierno ha anunciado un crecimiento sin precedentes en la inversión pública, alcanzando un marcado incremento del 91%. Este crecimiento no solo es un reflejo de una gestión gubernamental eficiente, sino también de un compromiso renovado con el principio de la «Caja única del Estado», enfocándose en una lucha sin cuartel contra la corrupción pública.
Según datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Honduras se ha posicionado como líder en Latinoamérica, superando ampliamente a países como El Salvador y Brasil en términos de inversión pública. Este impresionante logro no solo es una muestra de solidez fiscal, sino también de un manejo transparente y responsable de los recursos del Estado.
La inversión pública ha demostrado ser la principal fuente de generación de empleo directo e indirecto, especialmente en sectores clave como la construcción, infraestructura, salud y educación. A través de proyectos significativos, el Gobierno no solo ha mejorado la calidad de vida de los hondureños, sino que también ha propiciado un ambiente de crecimiento económico y desarrollo de habilidades laborales.
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Sin embargo, este avance contrasta con el desempeño de las empresas exoneradas de impuestos, que no han cumplido con las expectativas de creación de empleo. A raíz de esta situación, y considerando los 70 mil millones de lempiras que el país deja de percibir en ingresos fiscales, surge la necesidad de una revisión exhaustiva de las exoneraciones fiscales vigentes. Las protestas recientes de organizaciones empresariales, como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), han puesto en evidencia la urgente necesidad de aprobar una Ley de Justicia Tributaria que asegure una contribución equitativa al desarrollo del país.
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Es esencial, sin embargo, que los empleos creados a través de la inversión pública sean sostenibles en el tiempo, y no meramente temporales vinculados a proyectos de duración limitada. Además, se debe asegurar que estos empleos sean accesibles a todos los estratos de la sociedad, incluyendo a las poblaciones más marginadas, como una forma de fomentar la equidad y la inclusión social.
La inversión pública, estratégicamente direccionada, es un motor de cambio y un potente generador de empleo. Al ofrecer oportunidades laborales en una variedad de sectores, se estimula la formación y especialización de la fuerza laboral, generando así empleo indirecto por el incremento de la demanda de mano de obra.
El contraste entre el éxito del sector público en la creación de empleo y la falta de resultados en el sector privado exonerado de impuestos es un llamado a la acción. La revisión de estas exoneraciones y una posible reforma tributaria podrían asegurar que todos los actores económicos contribuyan justamente al crecimiento y desarrollo de Honduras.
El efecto multiplicador de la inversión pública se siente en toda la economía: los trabajadores invierten sus ingresos en la comunidad, lo que beneficia a pequeñas empresas y comercios locales. Además, la demanda de materiales para grandes proyectos impulsa industrias relacionadas, como la manufactura, el transporte y la logística, creando un círculo virtuoso de crecimiento económico.
Más allá de la generación de empleo, la inversión pública tiene efectos a largo plazo, mejorando la infraestructura y la productividad del país. Una infraestructura de calidad facilita el comercio y la eficiencia empresarial, haciéndolo más atractivo para la inversión privada y creando, de este modo, aún más empleo.