Tegucigalpa, Honduras – El Ministerio Público de Honduras ha llevado a cabo una incautación significativa de 131 bienes, incluyendo propiedades inmobiliarias, sociedades mercantiles y productos financieros, vinculados al expresidente Juan Orlando Hernández y su familia. Esta acción, que cuestiona directamente el origen del patrimonio de Hernández, se produce tras su declaración de culpabilidad en un juicio en Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico.
Lea también: Desfachatez en el Partido Nacional y Ana García de Hernández con el anunció de su candidatura presidencial
A lo largo de su carrera política, Hernández afirmó repetidamente que su familia era de origen humilde en Gracias, Lempira. Sin embargo, esta incautación plantea preguntas sobre cómo el exmandatario y su familia adquirieron tal cantidad de bienes. Los bienes incautados están distribuidos en varios departamentos de Honduras, lo que sugiere una red extensa de activos y transacciones financieras.
De acuerdo a los expresado por el MP, se trata de 32 bienes inmuebles, 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros. Estos bienes, están a nombre de, además del exmandatario y su esposa: su madre María Elvira Alvarado Castillo, sus hermanos, Hilda Rosario (fallecida). También figuran, Aixa Marlene y Juan Antonio Hernández Alvarado, también figura su otro hermano José Amílcar Hernández Flores y otros parientes.
La investigación y acción legal contra Hernández y su círculo cercano subrayan el compromiso del Ministerio Público en combatir la corrupción y el lavado de dinero, especialmente aquellos vinculados a actividades ilícitas como el narcotráfico. Esta operación podría ser el inicio de una serie de medidas contra otros individuos y redes asociadas con el narcotráfico y la corrupción en Honduras.
Este caso también resalta la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en Honduras, especialmente considerando el impacto negativo que la corrupción y el narcotráfico han tenido en la estabilidad y el desarrollo del país. La sociedad hondureña y la comunidad internacional estarán atentas a las futuras acciones del Ministerio Público y a las implicaciones que estas tengan en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en Honduras.