Inicio del juicio de los Panamá Papers pone en la mira a elites políticas y empresariales de Honduras
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Políticos Hondureños
PANAMA, PANAMA – Este 8 de abril inició el juicio en Panamá contra los implicados en el escándalo de los ‘Panamá Papers’, destapando nuevamente la profunda corrupción entre el sector público y privado detrás de la evasión fiscal. Con la creación de más de 215,000 empresas fantasma en el consultorio jurídico conocido como Mossack-Fonseca, los responsables y sus clientes, usualmente multimillonarios y políticos conocidos, lograron evadir más de 2,000 millones de dólares en pago de impuestos en todo el mundo.
El juicio de los Panamá Papers resalta una preocupante realidad: destacados empresarios y políticos hondureños, pertenecientes a las élites económicas del país, están bajo la lupa por su posible implicación en fraudes fiscales internacionales. Entre ellos, figuras prominentes del Partido Nacional como Yaudet Burbara, potencial candidato a la alcaldía de San Pedro Sula; Nasry Asfura, quien recientemente anunció su candidatura presidencial; Ricardo Alvarez, exalcalde del Distrito Central y también aspirante a la presidencia; y Porfirio Lobo, expresidente de Honduras. Asimismo, los primos Yankel y Yani Rosenthal, con vínculos en el Partido Nacional y el Partido Liberal respectivamente, el último siendo además expresidente y exaspirante presidencial, se ven envueltos en este escándalo. Estas conexiones subrayan la urgente necesidad de una reforma y supervisión rigurosas dentro de la estructura política y económica hondureña para combatir la evasión fiscal y fortalecer la integridad y transparencia del país.
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Veintisiete personas están siendo juzgadas por suponerse implicadas en este escándalo de evasión fiscal. Según el Poder Judicial Panameño, el total de los imputados serán procesados por los cargos de blanqueo de capitales, pudiéndose enfrentar a condenas de al menos 12 años de cárcel de acuerdo como lo indica la ley del país. Sin embargo, este juicio únicamente alcanza a los responsables en Panamá, los responsables por evadir impuestos en sus respectivos países todavía siguen en la impunidad.
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los paraísos fiscales se definen por ofrecer impuestos extremadamente bajos o nulos a individuos y corporaciones ubicadas físicamente en otros países. La confidencialidad y el secreto bancario son pilares de estas jurisdicciones, complicando el rastreo de sus operaciones financieras por parte de autoridades externas. Muchas empresas aprovechan esta opacidad para establecer empresas fantasmas que les permiten esconder sus utilidades y evadir el pago de impuestos. Estimaciones indican que al año, se dejan de recaudar 480 mil millones de dólares debido a la evasión fiscal transnacional de empresas y personas acaudaladas.
La indagación sobre los ‘Panamá Papers’, realizada por más de 400 periodistas a nivel mundial y divulgada en 2016 por 109 medios en 76 países, expuso no solo a figuras políticas globales como Sigmundur David Gunnlaugsson, Nawaz Sharif y David Cameron, ex primeros ministros, sino también a 146 entidades ficticias vinculadas a capitales hondureños. Entre los involucrados hondureños se cuentan 11 políticos y 135 empresarios, destacando dos exalcaldes de Tegucigalpa y empresarios de sectores clave.
Los ‘Pandora Papers’ complementaron esta visión, mostrando la participación del exalcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura Zablah, como accionista mayoritario de una sociedad offshore no declarada, Karlane Overseas S.A., creada en 2006. Así mismo, Asfura tenía vínculos con empresas que ganaron contratos millonarios con empresas adjudicatarias de contratos lucrativos con la alcaldía capitalina, como COSEMSA y AMAHSA, sumando contratos por valor de aproximadamente 8 millones de dólares.
Otros hondureños destacados en estas investigaciones incluyen al diputado Yaudet Burbara, el empresario Fauzi Rishmawy, el expresidente Porfirio Lobo, el exalcalde del Municipio Central Ricardo Álvarez, el exfuncionario público Yankel Rosenthal, vinculados con empresas offshore ubicadas en Islas Vírgenes y otros países.
En el caso del diputado Burbara, fue de conocimiento su implicación en la creación de la sociedad offshore Splendid Advisors Corp., registrada en las Islas Vírgenes Británicas en enero de 2015 y gestionada por la firma panameña Overseas Management Company (OMC). A pesar de las exigencias legales que obligan a los funcionarios públicos a declarar su patrimonio, incluyendo sociedades y bienes en el extranjero, ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Burbara Canahuati ha eludido esta responsabilidad desde su primera elección al Congreso en 2010.
Desde el golpe de Estado, Honduras ha perdonado más de L 500,000 millones en impuestos a un selecto grupo de empresas y empresarios, muchos de los cuales ocultan su fortuna en paraísos fiscales. Esta práctica ha exacerbado la brecha entre ricos y pobres, con solo 3 centavos de cada 100 Lempiras recaudados provenientes de las 10 familias más ricas del país, muchas de las cuales se han beneficiado de esquemas de evasión como los de los Panamá y Pandora Papers.
Así mismo, el Código Tributario vigente, aprobado durante el gobierno del Partido Nacional, ha permitido a las empresas trasladar sus ganancias fuera del país hacia paraísos fiscales, evadiendo así impuestos significativos que deberían contribuir al desarrollo nacional. Esta evasión entre 2017 al 2023 costó a las arcas del Estado aproximadamente L 56,000 Millones.
Frente a la evasión legalizada por los 40 decretos aprobados por el Partido Nacional en los últimos 12 años, la Ley de Justicia Tributaria (LJT) de la Presidenta Xiomara Castro se propone como una respuesta de combate estructural a la corrupción: eliminar el secreto bancario y reinstaurar el principio de renta mundial para combatir la evasión fiscal y promover la transparencia tributaria. Esta medida afectaría principalmente a una elite de aproximadamente 285 individuos y empresas con ingresos exorbitantes, señalando un paso crítico hacia la erradicación de la corrupción y el fortalecimiento del sistema tributario hondureño.
El juicio en Panamá subraya la urgente necesidad de implementar controles robustos contra la corrupción que mina el bienestar público y privado en Honduras.
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