La extradición en Honduras es justicia para el país y ¿Circo político para la oposición?
Espacio Conciente 
Xiomara Castro - Presidente de Honduras
Tegucigalpa, Honduras – La reciente declaración de la presidenta Xiomara Castro sobre la vigencia del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos ha causado un debate intenso, tanto en la arena política como en los medios de comunicación. Con el compromiso de mantener este acuerdo internacional, la presidenta subrayó la importancia de introducir nuevas salvaguardas que aseguren el respeto a la soberanía nacional, al mismo tiempo que garantizan que el tratado no sea utilizado para interferencias políticas. ¡Extradición sí, injerencia no! es la premisa que ahora parece regir este delicado tema.
Sin embargo, el circo político de la oposición, encabezado por figuras como Jorge Cálix y Salvador Nasralla, no tardó en sacar provecho de la situación, aunque de manera algo incoherente. Cálix, que en su momento intentó asaltar la presidencia del Congreso Nacional con el objetivo de eliminar el tratado de extradición, ahora se atribuye el mérito de la continuación de este acuerdo. Según él, sus tweets y marchas ficticias habrían sido determinantes para que el tratado no fuera derogado. Aparentemente, los acuerdos internacionales ahora se firman gracias a publicaciones en redes sociales y no a negociaciones serias entre gobiernos.
Por su parte, Salvador Nasralla, quien recientemente protagonizó un show en un mitin para “rogar” por la continuidad del tratado, mostró una estrategia diplomática más orientada al teatro que a la política seria. Nasralla, al igual que otros actores de la oposición, parece interpretar la diplomacia como un acto de sumisión ante potencias extranjeras, sin comprender los matices que una relación bilateral implica. Su actitud de “arrodillarse” ante la posibilidad de perder el tratado no es más que un intento de capitalizar políticamente un tema que debería haber sido tratado con mayor seriedad y responsabilidad.
No se queda atrás en esta disputa mediática la esposa de Nasralla, Iroshka Elvir, quien, en un acto de protagonismo, proclamó que el “clamor del pueblo” había sido escuchado, insinuando que las súplicas públicas de su esposo jugaron un papel fundamental en la toma de decisiones. Este tipo de discursos, que convierten la política internacional en un espectáculo mediático, contribuyen poco a la diplomacia real y mucho al circo político que lamentablemente parece ser la norma en algunas esferas del país.
Lo cierto es que, mientras algunos se aferran a la fantasía de ser los héroes de esta historia, las decisiones de gran impacto para el país se toman en mesas de negociación donde la diplomacia real, los intereses nacionales y las complejidades de las relaciones internacionales son los verdaderos actores. En este contexto, el tratado de extradición no fue impugnado por capricho, sino que algunos sectores lo utilizaban como un arma política para proteger intereses propios.
Es importante recordar que la administración de Juan Orlando Hernández ya mantenía este tratado durante su mandato, pero ello no evitó que Honduras se convirtiera en un narcoestado, con toneladas de cocaína cruzando el país hacia el norte bajo la mirada cómplice de ciertos aliados internacionales. En lugar de centrarse en la justicia y la lucha contra el crimen organizado, la relación con Estados Unidos se manejaba principalmente desde una perspectiva de intereses estratégicos, más que en términos de justicia real.
La pregunta que surge ahora es si el nuevo acuerdo de extradición será diferente. Las salvaguardas prometidas por la presidenta Castro podrían ser una oportunidad para que el tratado se utilice con un propósito legítimo: desmantelar las estructuras criminales que afectan a Honduras, sin caer en el juego de presiones políticas internacionales.
El tiempo será el juez que determine si, en esta nueva fase, prevalecerá la justicia o si, como en el pasado, algunos seguirán utilizando este tema como un espectáculo electoral para ganar votos a costa de la seguridad y el bienestar del pueblo hondureño.
El tratado de extradición no es un tema a tomar a la ligera. El destino del país y su estabilidad política, económica y social están en juego, y las decisiones sobre cómo manejar este acuerdo internacional deben ser tomadas con la seriedad y la responsabilidad que exigen los tiempos actuales. Los hondureños merecen un gobierno que priorice la justicia, la seguridad y la soberanía nacional, y no uno que se deje arrastrar por el circo político de figuras que buscan solo beneficios personales a costa de la integridad del país.
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