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La injusticia en el cobro por consumo de agua en Honduras
Tegucigalpa, Honduras – En Honduras, la desigualdad en el acceso y pago por el agua es un reflejo claro de las injusticias estructurales que enfrenta el país. Mientras miles de familias pagan tarifas desproporcionadas por un servicio básico, grandes empresas, como cervecerías y embotelladoras de bebidas, se benefician de concesiones y cánones que apenas representan una fracción de su consumo real. Esta situación no solo perpetúa la inequidad, sino que también pone en riesgo los recursos hídricos esenciales para el desarrollo sostenible y la calidad de vida de la población.
El 13.56% del territorio nacional, equivalente a 15,261.2 km², estuvo concesionado a Banco Atlántida, afectando directamente a más de 1.6 millones de personas que habitan estas áreas críticas. Estas zonas no son cualquier territorio: se trata de cuencas esenciales para la producción agrícola de Copán, Ocotepeque, y Santa Bárbara, regiones clave para el cultivo de café y granos básicos. Además, el Valle de Sula, una de las mayores áreas productivas del país, también se ve afectado, ya que los nacimientos de los ríos que irrigan este valle están dentro de áreas concesionadas.
Lo más alarmante es que muchas de estas concesiones afectan directamente a comunidades indígenas, violando legislación internacional que Honduras está obligada a cumplir. Subcuencas como las de Copán, Jicatuyo y Higuito en occidente, así como Selguapa en las zonas lencas de La Paz, Intibucá y Comayagua, o Texiguat y Choluteca Media en el sur del país, son ejemplos de cómo los derechos de estas comunidades han sido ignorados para beneficiar a grandes empresas.
Empresas extractivas: ¿Qué aportan realmente al país?
A pesar del impacto ambiental y social que generan, las concesiones mineras apenas contribuyen al desarrollo económico de Honduras. Según datos de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), estas concesiones generan únicamente 597 empleos en todo el país. Además, su contribución al fisco nacional es simbólica, especialmente considerando las exoneraciones fiscales que reciben. En términos financieros, estas concesiones reportan pérdidas por 144 millones de lempiras, mientras sus ingresos declarados ascienden a 11,566 millones.
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El modelo extractivista, según SERNA, debe ser reformado para garantizar que las concesiones solo se otorguen cuando representen un beneficio público real y no sean exclusivamente extractivas. Es un llamado a priorizar el bienestar nacional sobre los intereses de grandes empresas.
El caso de las cervecerías y embotelladoras de bebidas en Honduras es un ejemplo indignante de desigualdad. A pesar de producir 30 millones de litros de bebidas alcohólicas y 210 millones de litros de bebidas no alcohólicas anualmente, estas empresas pagan menos de 23,000 lempiras al año por el uso del agua.
En condiciones más justas, cada empresa debería pagar al menos 4.31 millones de lempiras anuales, ajustándose al consumo real y considerando el impacto ambiental de su producción. Sin embargo, la actual estructura de cánones les permite operar casi sin costos significativos, mientras que las familias hondureñas pagan tarifas cada vez más altas por acceso al agua potable.
El problema no se limita a las empresas de bebidas. En el sector agrícola, grandes inversionistas extranjeros pagan apenas 3 dólares por hectárea al año por uso ilimitado del agua, beneficiándose además de exoneraciones fiscales. Esto crea un doble agravio: el país pierde ingresos que podrían invertirse en desarrollo, y los recursos hídricos son explotados sin control ni equidad.
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Un llamado urgente: reformar la política hídrica y minera
Ante esta serie de irregularidades, la SERNA propone aprobar una nueva política hídrica y un canon de agua más justo, junto con una reforma minera que responda a una visión soberana del uso de los recursos naturales. Estas reformas son fundamentales para garantizar que los recursos naturales beneficien realmente a la población y no solo a un pequeño grupo de empresas privilegiadas.
El agua es un derecho humano esencial, no un lujo que deba ser controlado por corporaciones. Es inaceptable que las familias paguen tarifas excesivas mientras las grandes empresas disfrutan de concesiones desproporcionadamente baratas. Reformar estas políticas no es solo una cuestión de justicia económica, sino también de sostenibilidad ambiental y dignidad humana.
La injusticia en el uso del agua no solo afecta a quienes la pagan más caro, sino a toda la sociedad hondureña. La sobreexplotación de las cuencas hídricas y la falta de ingresos adecuados para el Estado limitan las inversiones en infraestructura y servicios básicos. Además, las comunidades indígenas y rurales, que dependen directamente de estos recursos, ven amenazada su supervivencia.
Honduras debe tomar decisiones valientes y priorizar el interés colectivo sobre los privilegios empresariales. La aprobación de una nueva política hídrica y una reforma minera no puede esperar. El país necesita un modelo de desarrollo que garantice el acceso equitativo al agua, preserve los recursos naturales y asegure que las riquezas del territorio beneficien a todos los hondureños, no solo a unos pocos.
La justicia hídrica es una deuda pendiente, y es hora de saldarla.
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