Tegucigalpa, Honduras – En Honduras, la realidad fiscal actual pinta un cuadro de ineficacia y desigualdad. La política de exoneraciones fiscales generosas para grandes empresas, promovida bajo el pretexto de la generación de empleo, ha demostrado ser un rotundo fracaso. Según datos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), presidida por Eduardo Facusse, el régimen fiscal actual ha generado apenas 77 empleos en todo 2023, a pesar de otorgar exoneraciones que ascienden a más de 50 mil millones de lempiras anuales.
Este régimen, defendido vehementemente por el COHEP y el CCIC, ha resultado en enormes pérdidas de ingresos fiscales para el país, sin cumplir su promesa central de fomentar el empleo. En lugar de reconocer este fracaso, Facusse y los portavoces del COHEP intentan desviar la atención y culpar a terceros actores, incluido el gobierno, por la ineficiencia de una política fiscal que ellos mismos han defendido. Esta postura no solo es contradictoria, sino que representa una manipulación mediática que ignora las verdaderas necesidades económicas de Honduras.
Ampliar detalles: Desmentido AdolfoFacusse: La Verdadera Causa de la Disminución de Exportaciones en el Sector Maquila de Honduras
La situación del sector maquilador de Honduras ilustra claramente la ineficacia de estas políticas. Como certifica Bloomberg en un análisis reciente, la pérdida de empleos en este sector, beneficiario de dichas exoneraciones, se debe a una disminución en las ventas de tiendas de ropa en Estados Unidos, y no a factores internos de Honduras. Este caso demuestra cómo las exoneraciones fiscales, lejos de ser una panacea, están sujetas a las fluctuaciones de mercados externos y no garantizan un desarrollo económico sostenible.
Ante este escenario, surge la Ley de Justicia Tributaria (LJT) como una alternativa necesaria. La LJT busca eliminar regímenes fiscales ineficaces y recuperar ingresos esenciales para el país. Además, promueve un entorno más equitativo, eliminando la competencia desleal que enfrentan las medianas empresas, que sí pagan impuestos y no disfrutan de exoneraciones. La oposición del COHEP y la CCIC a la LJT no solo va en contra de los intereses económicos del país, sino que perpetúa un sistema que beneficia desproporcionadamente a un pequeño sector empresarial.
El actual régimen fiscal en Honduras no solo ha fallado en su objetivo de generar empleo, sino que también ha provocado una pérdida significativa de ingresos fiscales que podrían haber sido utilizados en la inversión pública y el desarrollo social. Es tiempo de replantear y reformar estas políticas, adoptando un enfoque más equilibrado y justo que beneficie a la economía hondureña en su conjunto y no solo a unos pocos privilegiados. La LJT representa un paso en la dirección correcta, buscando la sostenibilidad y la justicia fiscal para todos los hondureños.
LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA YA! Como pueblo tenemos derecho a vivir con bienestar y el gobierno debe proveerle a través de la recolección de los impuestos! Cárcel para el corrupto! Justicia otra el pueblo!