Tegucigalpa, Honduras – Dentro del Partido Liberal, la inscripción de movimientos internos requiere el depósito de aproximadamente 4 millones de lempiras como “cuota partidaria” en una cuenta bancaria del partido. Aunque los detalles de la recaudación no suelen hacerse públicos, es bien sabido que los movimientos recurren a los precandidatos a alcaldías y diputaciones, quienes realizan aportes que varían según el departamento y municipio. De esta forma, los precandidatos asumen un costo económico considerable para ser parte de los movimientos, evidenciando una práctica que, aunque aceptada dentro del sistema, genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
La controversia más reciente surgió en el podcast El Espectador, donde Alia Kafati, representante del movimiento interno “Salvemos Honduras” liderado por Salvador Nasralla, negó rotundamente que se cobraran sumas de dinero a los precandidatos por sus inscripciones. Sin embargo, la situación escaló cuando Kafati atacó verbalmente a Julia Talbott, una líder del movimiento “Honduras Renace,” calificándola como una persona “indeseable”. La respuesta de Talbott no tardó en llegar. A través de Twitter, aseguró tener un audio donde Kafati afirmaba que Iroshka Elvir, esposa de Nasralla, le había solicitado 2.5 millones de lempiras por una casilla. Este señalamiento destapó una crisis ética que pone en tela de juicio la honestidad y los valores del movimiento de Nasralla.
El hecho de que una precandidatura a diputado en el departamento de Francisco Morazán tenga un costo de 2.5 millones de lempiras es alarmante, considerando que un diputado propietario recibe un salario neto anual de 800,000 lempiras. Esto significa que el costo de la inscripción equivale a tres años de salario, sin contar los gastos adicionales de campaña, que podrían duplicar esta cifra, alcanzando los 5 millones de lempiras. Este esquema plantea preguntas inevitables: ¿Cómo pueden los precandidatos justificar una inversión tan alta? ¿Qué prácticas se verán obligados a adoptar una vez electos para recuperar ese dinero? La respuesta, aunque no se menciona explícitamente, apunta a conductas que podrían caer en corrupción.
Cuestionamientos éticos a Nasralla y su esposa
La figura de Salvador Nasralla ha estado asociada con un discurso anticorrupción desde su entrada en la política. No obstante, la venta de casillas en su movimiento expone una contradicción evidente entre su retórica y las acciones que se realizan bajo su liderazgo. Aunque técnicamente no es ilegal cobrar por las inscripciones, esta práctica contradice los valores de transparencia y honestidad que Nasralla dice defender. Permitir que candidatos deban invertir sumas exorbitantes para postularse, sin garantizar que esos recursos no influirán en su desempeño como funcionarios públicos, genera dudas razonables sobre su compromiso con la ética.
Además, el papel de Iroshka Elvir en este escándalo no puede pasarse por alto. Siendo una figura cercana a Nasralla, su presunta participación en la solicitud de dinero para casillas no solo compromete su imagen, sino que también pone en entredicho la credibilidad del liderazgo del movimiento. La falta de una respuesta clara por parte de ambos agrava la percepción de que esta práctica podría ser una forma de financiar sus aspiraciones políticas a expensas de la integridad del sistema electoral.
Finalmente, el impacto que este esquema tiene en la percepción pública del movimiento es devastador. Para un líder que ha basado su carrera política en denunciar la corrupción, estar asociado con estas prácticas representa un golpe profundo a su credibilidad. Más preocupante aún es el mensaje que envía a los aspirantes a diputados y a los ciudadanos: que el acceso al poder depende más de los recursos económicos que de la capacidad, las ideas o el compromiso con el servicio público. Esto perpetúa un sistema que prioriza el dinero sobre la democracia, desalentando la participación de sectores que no pueden costear estas exorbitantes cifras.
El dilema de la honestidad en la política hondureña
Este caso debe ser un punto de reflexión no solo para Nasralla y su movimiento, sino para todos los actores políticos en Honduras. ¿Es posible construir un sistema político ético cuando las reglas del juego favorecen prácticas que rozan con la corrupción? La venta de casillas no solo compromete la integridad del proceso electoral, sino que también pone en evidencia que el acceso al poder, en muchos casos, depende de la capacidad de financiar campañas en lugar de la voluntad de servir a la ciudadanía.
En última instancia, la situación con Salvador Nasralla y su esposa evidencia la necesidad urgente de reformar los mecanismos de financiamiento político en el país. Si figuras que se presentan como alternativas éticas terminan replicando prácticas cuestionables, queda claro que el problema no es solo de individuos, sino de un sistema estructuralmente fallido.