La sospechosa Dación en Pago de los Hernández Alvarado a Banco FICOHSA: ¿Favoritismo Encubierto?
Espacio Conciente 
Juan Orlando Hernandez y Ana Garcia de Hernandez
Tegucigalpa, Honduras – Lo que ha sido una revelación que ha pasado desapercibida y con grandes incógnitas sobre la legalidad de ciertas transacciones financieras, en marzo de 2022, una semana antes de la extradición de JOH, se conoció de una transacción atípica que involucro al Instituto de la Propiedad (IP) que dirigía en ese momento Darío García, desentrañado cómo los convenios establecidos por el expresidente Juan Orlando Hernández con el sector bancario privado, facilitaron a su esposa, Ana Rosalinda García Carías, la transferencia de bienes inmuebles bajo el esquema de dación en pago al banco FICOHSA. Este proceso se llevó a cabo justo una semana antes de que la justicia hondureña aprobara la extradición de Hernández, acusado de graves delitos de narcotráfico, planteando interrogantes sobre la rapidez y las condiciones bajo las cuales se efectuó la dación de un patrimonio evaluado en más de 60 millones de lempiras.
La transacción, que normalmente requiere de un proceso de seis semanas para su ejecución en el IP, se completó en un asombroso récord de 34 minutos. Tal celeridad es atípica, especialmente para bienes que, dados los cargos de narcotráfico contra Hernández, deberían haber estado bajo la custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para prevenir su incautación.
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Este acto de dación en pago no solo ha suscitado sospechas sobre la existencia de acuerdos subrepticios entre los Hernández Alvarado y Banco FICOHSA, sino que también ha destacado el papel de figuras como Antonio Cesar “Toño” Rivera, diputado del Partido Nacional (PN) y miembro influyente de la junta directiva de FICOHSA, lo que añade una capa de complejidad al asunto al insinuar conexiones políticas que podrían haber facilitado la operación.
La rapidez de la transacción contrasta marcadamente con los tiempos de espera habituales para ciudadanos comunes, revelando un posible trato preferencial hacia Hernández y su familia. Esta situación se ve agravada por el contexto político de entonces, donde el IP, bajo la influencia del diputado Jorge Calix, un aliado de Hernández, mostró un aparente sesgo en favor del expresidente y su partido.
La apertura de oficinas registrales periféricas en colaboración con Banco FICOHSA durante el gobierno de Hernández, bajo la premisa de mejorar la eficiencia registral, ahora se percibe bajo una luz cuestionable. La facilidad con que la dación en pago fue procesada y la falta de supervisión por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) plantean dudas sobre la integridad de estas operaciones.
El presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, ha criticado abiertamente la rapidez inusitada del trámite, sugiriendo que la maniobra no solo es éticamente cuestionable sino que también podría implicar responsabilidades legales por varios delitos. Este escenario refuerza las preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de las acciones emprendidas por los Hernández Alvarado y sus conexiones con Banco FICOHSA, en un contexto ya tenso por las acusaciones de corrupción y narcotráfico que pesan sobre el expresidente y su entorno.
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