TEGUCIGALPA, HONDURAS – La batalla contra la corrupción en Honduras parece tener un nuevo opositor: Luis Larach, ex presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y actual presidente del Consejo Empresarial de América Latina. Sus recientes declaraciones han desencadenado una ola de críticas, debido a su postura frente a la lucha anticorrupción y la Ley de Justicia Tributaria (LJT).
Larach ha expresado su falta de confianza en los fiscales actuales y las autoridades anteriores, alegando que ambos fueron seleccionados incorrectamente. Además, ha criticado las recientes acciones del Ministerio Público, incluyendo la orden de captura contra David Chavez, exfuncionario del INFOP, y las exministras Rocio Tabora y Alba Flores. En palabras de Larach, el actual gobierno tiene «secuestrada» la justicia en el país, negando que las acciones del Ministerio Público puedan ser calificadas como una «cruzada contra la corrupción».
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Sin embargo, este rechazo puede tener raíces más profundas y personales. Larach, quien ha manejado contratos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) desde 1993, ha sido acusado de enriquecimiento ilícito al vender el kilovatio hora más caro de Centroamérica. Adicionalmente, su empresa, Electricidad de Cortés S. de R.L. (Elcosa), ha sido señalada de beneficiarse de las actuales exoneraciones de la Ley Fiscal vigente, construyendo su hidroeléctrica al lado de la ENEE y vendiendo energía sin pagar peaje por su uso. ¿Es su lucha contra la corrupción una mera distracción de sus propios tratos?
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Larach ha criticado también la afirmación de Marlon Ochoa, director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), según la cual Honduras podría ser sancionada si no aprueba la LJT. Para Larach, esta afirmación es un «cuento» para seguir extrayendo dinero del país. Sin embargo, la OCDE ha informado que, si la LJT no se aprueba antes de junio de 2024, Honduras podría ser declarada un «paraíso fiscal».
Larach ha calificado a Honduras como un «infierno fiscal», argumentando que los discursos «comunistas» y de confrontación contra los empresarios están ahuyentando a los hondureños y a los inversionistas. Sin embargo, ¿no es la corrupción endémica y la impunidad lo que realmente aleja a las inversiones y mantiene a Honduras en un «infierno» de pobreza y desigualdad?
Las palabras de Larach parecen ser un eco de un pasado que el pueblo hondureño quiere olvidar. Un pasado de corrupción, de enriquecimiento ilícito y de una justicia que parece alcanzar a todos, excepto a los poderosos. Es hora de que Honduras avance hacia un futuro de transparencia, justicia y equidad. Y eso empieza por escuchar a quienes realmente tienen el país en sus corazones, y no en sus bolsillos.
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