Marlon Ochoa: Defensor de la Transparencia Fiscal y la Conformidad Internacional
Intereses Empresariales de Larach: Estrategias para Mantener Exoneraciones y Desafiar la LJT
TEGUCIGALPA, HONDURAS – En una polémica reciente y revelador en la esfera política y fiscal de Honduras, Marlon Ochoa, Ministro del Servicio de Administración de Rentas (SAR), ha respondido con firmeza a las declaraciones del expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, sobre la propuesta de Ley de Justicia Tributaria (LJT).
Larach, conocido por su influencia en el ámbito empresarial hondureño y su dirección en empresas como SOPOSSA y COHESSA, había calificado la advertencia del SAR sobre Honduras convirtiéndose en una «guarida fiscal» sin la aprobación de la LJT como una estrategia política del gobierno. Según Larach, esto no tiene base fiscal, sino que es un instrumento para coartar la voz empresarial y desinformar a la población.
Sin embargo, la respuesta de Ochoa ha sido contundente. Mostrando documentos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ochoa destacó que Honduras enfrenta una posible calificación negativa en términos de cumplimiento de estándares de intercambio de información fiscal. La OCDE ha advertido que el retraso en la promulgación de la LJT podría afectar negativamente la revisión del país, con posibles sanciones financieras por parte de entidades internacionales.
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Este conflicto se enmarca en un contexto más amplio de reformas fiscales y transparencia financiera a nivel global. La carta de la OCDE, firmada por Zayda Manatta, Jefa de la Secretaría del Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, también señala deficiencias más allá de la LJT, incluyendo brechas en la disponibilidad y acceso a información financiera.
El centro de la controversia también se encuentra en las empresas dirigidas por Larach. Tanto SOPOSSA como COHESSA, involucradas en significativos proyectos de energía solar en Honduras, disfrutan de considerables exoneraciones fiscales, que podrían verse afectadas por la aprobación de la LJT. Estas empresas han invertido en parques solares que generan energía a precios sobrevalorados, disfrutando de beneficios fiscales que, según críticos, son innecesarios y desiguales.
Larach, afiliado al Partido Nacional (PN), es también un importante financiador del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC), compuesto en parte por diputados del PN que son principales opositores de la LJT en el Congreso Nacional. Esto plantea preguntas sobre posibles conflictos de interés y la influencia de poderes económicos en la política fiscal del país.
Este enfrentamiento entre Ochoa y Larach destaca no solo las tensiones entre el gobierno y el sector empresarial en Honduras, sino también la compleja interacción entre la política fiscal local y las normativas y expectativas globales. La evolución de este debate será crucial para el futuro económico y político de Honduras, particularmente en lo que respecta a la transparencia fiscal y la equidad en la distribución de la carga tributaria.
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