Marvin Ponce revela posible vínculo de JOH con la Administración Portuaria en Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras – En un reciente programa de televisión, Marvin Ponce, Asesor Técnico del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), actualmente enjuiciado por narcotráfico en Nueva York, ha generado controversia al insinuar que JOH y su familia podrían estar vinculados económicamente con la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), entidad encargada de las instalaciones portuarias de Puerto Cortés.

Según Ponce, el expresidente Hernández y su familia estarían beneficiándose directa o indirectamente de alianzas público-privadas, específicamente con la OPC, una empresa que administra un porcentaje significativo de los ingresos brutos generados en Puerto Cortés, variando entre 275 a 350 millones de lempiras, lo cual representa entre 16.5 a 21 millones de lempiras para la OPC.

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La OPC, que asumió el control de una sección de la terminal de carga de Puerto Cortés en febrero de 2014, fue el resultado de una licitación internacional promovida por el Partido Nacional durante las presidencias del Congreso y la República de JOH y Porfirio Lobo Sosa, respectivamente. Esta concesión de 25 años fue parte de un esfuerzo por mejorar la eficiencia y capacidades operativas del puerto, situándolo como un polo de desarrollo logístico regional.

El contrato entre la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y la OPC se aprobó durante una sesión del Congreso Nacional en enero de 2014, descrita por críticos como «diarrea legislativa», en un momento donde JOH ya había asumido la presidencia del país tras las elecciones de 2013, marcadas por denuncias de fraude electoral.

La propuesta inicial de crear una alianza público-privada para la gestión de Puerto Cortés surgió durante el mandato de Porfirio Lobo, enfrentando una fuerte oposición por parte de organizaciones obreras. Estas advirtieron sobre los riesgos de privatizar la ENP, considerándolo un regalo para el sector empresarial y una amenaza para el patrimonio estatal.

Pese a las aseguraciones de Lobo y JOH de que no se trataba de una privatización, sino de una concesión parcial destinada a mejorar la administración portuaria, las críticas persistieron. Los sindicatos y otros sectores señalaron la falta de transparencia y posibles conflictos de interés detrás del acuerdo con la OPC.

Esta revelación de Marvin Ponce añade un nuevo capítulo a la compleja trama política y económica que rodea a las operaciones portuarias en Honduras, y plantea interrogantes sobre los verdaderos beneficiarios de las alianzas público-privadas en el país.