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Lucha contra la criminalidad
El Gobierno de Honduras ha anunciado un ambicioso proyecto que incluye la construcción de una nueva prisión con capacidad para 20,000 reclusos en una zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Este proyecto forma parte de una serie de acciones radicales del Plan de Solución Contra el Crimen, presentado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La iniciativa busca reducir aún más los índices de criminalidad, que ya han disminuido en un 13%.
Además, se ha informado que la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne comenzará en los próximos días, tras obtener la respectiva Licencia de Impacto Ambiental. Esta nueva instalación penitenciaria estará destinada a los criminales más peligrosos, garantizando su aislamiento y la imposibilidad de que continúen sus actividades delictivas desde dentro de la prisión.
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El Congreso Nacional está siendo instado a reformar el Código Penal para clasificar como terroristas a las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado. Los delitos de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos relacionados con estas actividades conllevarían una prisión prácticamente automática, sin necesidad de comprobar un delito específico, solo por la pertenencia a estos grupos.
Acciones inmediatas y medidas de emergencia:
- Intervenciones urgentes: La Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad y Defensa, junto con las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), planificarán y ejecutarán intervenciones en municipios con alta incidencia de crímenes relacionados con maras y pandillas.
- Centro de Reclusión de Emergencia: Se construirá de inmediato un centro de reclusión con capacidad para 20,000 reclusos en la zona entre Olancho y Gracias a Dios. Los actuales presos por estos delitos serán trasladados a este nuevo centro.
- Captura y control: Se ordena la captura inmediata de líderes y miembros de organizaciones criminales. También se intensificará la investigación y los operativos para erradicar plantaciones de drogas y centros de procesamiento.
- Reformas legislativas: El Congreso deberá reformar el Código Procesal Penal para aplicar prisión preventiva a todos los acusados de estos delitos y permitir el juzgamiento colectivo.
- Control de comunicaciones: Se aprobará la ley para controlar la venta de tarjetas SIM y bloquear las comunicaciones en los centros penitenciarios, y se implementará la Ley de Colaboración Eficaz.
- Endurecimiento de penas: Se aumentarán las penas por delitos contra policías, militares, jueces y fiscales.Control de transacciones: Se reformará el reglamento para los servicios de pago y transferencia de dinero electrónico para controlar las transacciones atípicas relacionadas con la extorsión y el secuestro.
- Brazaletes electrónicos: La Corte Suprema de Justicia autorizará el uso de brazaletes electrónicos para la custodia de procesados con condiciones especiales, exceptuando a los acusados de los delitos mencionados.
- Designación de personal judicial: La Corte Suprema y la Fiscalía General designarán el personal necesario para apoyar las operaciones de recuperación y control de zonas de alta criminalidad.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en colaboración con Defensa, Fuerzas Armadas y PMOP, será responsable de la ejecución de este plan, que busca dar una respuesta contundente y efectiva al crimen organizado en Honduras.
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