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El Director de Información Estratégica de las FFAA, Coronel de Infantería DEM Víctor Alonso Ponce Martínez
Tegucigalpa, Honduras – En un decisivo avance hacia la justicia y la rendición de cuentas, el Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, ha presentado un requerimiento fiscal contra el Coronel de Infantería Víctor Alonso Ponce Martínez, actual Director de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas, por su presunta implicación en cinco homicidios durante las protestas desencadenadas por los resultados de las elecciones de 2017.
Estos eventos, marcados por la controversia y la denuncia de fraude electoral, resultaron en una crisis social profunda. Las víctimas, Víctor Evelio Martínez Álvarez, Roger Alberto Vásquez Reyes, José David Ramos Lamber, Mauricio Yonathan Echeverría Hernández, y Michael Yair Ponce Sauceda, perdieron la vida en circunstancias trágicas, cuando protestaban pacíficamente en la Colonia López Arellano de San Pedro Sula.
Según el Ministerio Público, el 1 de diciembre de 2017, Ponce Martínez, al mando de un contingente de policías militares, intervino en una protesta con la intención de dispersar a los manifestantes. Esta operación resultó en el uso de fuerza letal contra los civiles, dejando un saldo de muerte y violencia injustificable.
Además, se acusa a las fuerzas bajo su mando de manipular la escena del crimen, intentando ocultar la evidencia de sus actos mediante la recolección de casquillos de bala y la alteración de la escena para simular un enfrentamiento armado.
En respuesta, las Fuerzas Armadas de Honduras han emitido un comunicado solicitando respeto a la presunción de inocencia de Ponce Martínez, un principio fundamental en el proceso legal.
Esta acción del Ministerio Público es un paso crucial en la lucha contra la impunidad de crímenes cometidos por funcionarios durante periodos de crisis política. Subraya el compromiso de Honduras con el estado de derecho y la justicia para las víctimas de violencia estatal, asegurando que los delitos contra la vida, especialmente aquellos perpetrados en contextos de represión social, no quedarán impunes.
La comunidad internacional y los ciudadanos hondureños observan atentamente este caso, esperando que marque un precedente en la responsabilidad de los funcionarios públicos ante actos de violencia y represión, y refuerce la confianza en las instituciones democráticas del país.
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