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¿El Partido Liberal en contra de la lucha contra el Crimen Organizado?
Tegucigalpa, Honduras – En una decisión que ha dejado sorprendidos a muchos hondureños, el Partido Liberal de Honduras (PLH), junto con sus precandidatos presidenciales Salvador Nasralla y Jorge Cálix, han confirmado su rechazo a la extensión del estado de excepción como medida para combatir la criminalidad en el país. Esta postura ha levantado críticas, especialmente considerando que ambos políticos han manifestado en el pasado su intención de implementar estrategias de seguridad similares a las del presidente salvadoreño Nayib Bukele, conocido por su mano dura contra el crimen organizado.
Desde su implementación en diciembre de 2022, el estado de excepción en Honduras ha sido prorrogado en múltiples ocasiones, con el objetivo de enfrentar la creciente ola de violencia y extorsión que afecta al país. Según datos oficiales, en 2024 se registró la tasa de homicidios más baja en las últimas dos décadas, con 25.38 homicidios por cada 100,000 habitantes, una disminución significativa en comparación con años anteriores. 
Sin embargo, a pesar de estos avances, la extorsión sigue siendo un problema latente. Informes de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) indican que el 11% de la población hondureña fue víctima de extorsión en 2023, un aumento respecto al 9% registrado en 2022. 
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La Hipocresía de los Precandidatos Liberales
Resulta contradictorio que tanto Nasralla como Cálix, quienes han elogiado públicamente las políticas de seguridad de Bukele y han prometido replicarlas en Honduras, se opongan ahora a una medida que busca precisamente fortalecer la lucha contra el crimen. Nasralla ha declarado en múltiples ocasiones su intención de implementar un “plan Bukele” para erradicar la extorsión y garantizar la seguridad ciudadana.  Por su parte, Cálix ha expresado su admiración por las estrategias del mandatario salvadoreño, afirmando que hará “eso y más” para garantizar la seguridad de los hondureños. 
Esta dualidad en sus posturas plantea serias dudas sobre la coherencia y sinceridad de sus propuestas. ¿Se trata de una oposición genuina basada en principios democráticos, o es simplemente una maniobra política para obstaculizar los avances del actual gobierno en materia de seguridad?
El PLH argumenta que la extensión del estado de excepción compromete las libertades individuales y los derechos humanos, y propone en su lugar soluciones basadas en justicia social y fortalecimiento institucional.  Si bien es fundamental garantizar el respeto a los derechos humanos, no se puede ignorar que las medidas implementadas han contribuido a una reducción significativa de las muertes violentas en el país.
La politización de un tema tan delicado como la seguridad nacional es irresponsable y peligrosa. Al bloquear la aprobación de la extensión del estado de excepción, el PLH y sus líderes no solo obstaculizan las acciones del gobierno para proteger a la ciudadanía, sino que también envían un mensaje de desinterés por la seguridad de los hondureños.
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Nasralla: ¿Honestidad en Entredicho?
Salvador Nasralla se ha presentado ante el electorado como un político honesto y comprometido con el bienestar del país. Sin embargo, su oposición a medidas que buscan combatir frontalmente al crimen organizado pone en tela de juicio su compromiso con la seguridad y la justicia. Al bloquear la extensión del estado de excepción, Nasralla y sus aliados parecen favorecer, consciente o inconscientemente, a los grupos criminales que tanto daño han causado a Honduras.
La seguridad de Honduras no debe ser un tema de juego político. Es imperativo que los líderes políticos actúen con responsabilidad y coherencia, apoyando medidas que, aunque imperfectas, han demostrado ser efectivas en la reducción de la violencia. El pueblo hondureño merece líderes comprometidos con su bienestar y seguridad, no políticos que anteponen sus intereses electorales a las necesidades urgentes de la nación.
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