Proyecto de Tribunal Constitucional en Honduras enfrenta oposición sin fundamentos claros
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Luis Redondo y la propuesta del Tribunal Constitucional
TEGUCIGALPA, HONDURAS – La propuesta del Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para establecer un Tribunal Constitucional en Honduras, ha encendido un acalorado debate político. Dicha propuesta, según Redondo, busca modernizar la administración de justicia en el país, una recomendación que surge directamente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación tras el golpe de estado en 2009, donde se subrayó la necesidad de un organismo que arbitre disputas entre los poderes del Estado.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos apoya la iniciativa, considerándola un avance significativo hacia una entidad judicial independiente, que no estaría sujeta a influencias de otros poderes del Estado. Esta visión es respaldada por ejemplos en la Unión Europea, América del Sur y países asiáticos desarrollados, donde los tribunales constitucionales juegan roles cruciales en la preservación del estado de derecho y la democracia.
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Sin embargo, la propuesta ha encontrado una fuerte resistencia. Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, argumenta que la propuesta podría estar motivada por un deseo de la clase política de retomar el control sobre los órganos judiciales que sienten que están perdiendo, especialmente en un momento donde se percibe que las instituciones están siendo debilitadas.
Más crítico aún, Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), califica la iniciativa como una distracción política que no aborda las verdaderas prioridades del país y que podría generar conflictos innecesarios entre los poderes del Estado.
Entre los opositores políticos más vocales se encuentra el exdesignado presidencial Salvador Nasrralla, quien ha descrito la propuesta en sus redes sociales como un «atentado de golpe técnico de Estado en el Poder Judicial de Honduras». Nasrralla y otros críticos, como la diputada Fátima Mena y la parlamentaria Maribel Espinoza, expresan desconfianza hacia las intenciones detrás del proyecto, sugiriendo que podría consolidar más poder en manos de quienes actualmente gobiernan.
A pesar de las críticas, los defensores del Tribunal Constitucional argumentan que este podría proporcionar una capa adicional de imparcialidad en la interpretación de la ley, fortaleciendo la democracia y asegurando una separación más clara de poderes. La necesidad de una mayoría calificada de 86 de 128 votos para aprobar el cambio, sin embargo, subraya la importancia del consenso en esta materia tan divisiva.
El abogado Joaquín Mejía enfatiza que, más allá de la creación del Tribunal, es esencial una reforma integral del sistema judicial que asegure la selección meritocrática de los magistrados, alejándose de las prácticas actuales que permiten la influencia política en estas decisiones.
Finalmente, el debate sobre el Tribunal Constitucional revela las profundas divisiones en el panorama político hondureño y subraya la necesidad urgente de reformas judiciales que no solo modernicen el sistema, sino que también restauren la confianza pública en las instituciones del Estado. La propuesta de Luis Redondo, por lo tanto, no solo es un testamento de la voluntad política para cambiar, sino también un reflejo de las tensiones existentes que cualquier reforma sustancial es probable que enfrente.
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