GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA – La gestión de la empresa Bonacco Electric Company (BELCO) en la isla de Guanaja ha sido objeto de críticas y controversias durante años, culminando recientemente en una acción gubernamental que ha desatado amplios debates. Según Sheera Mccoy, vicepresidenta del Patronato de Colaboración Guanajeña, los residentes de la isla están «cansados de que esta empresa nos extorsione». Mccoy explica que BELCO ha operado sin un pliego tarifario claro, dejando a los habitantes sin electricidad por horas y luego emitiendo facturas con «cantidades enormes de dinero».
La situación llegó a un punto crítico cuando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) intervino legalmente, un movimiento que Mccoy asegura no fue un acto de fuerza, sino un procedimiento adecuado ante la negativa de BELCO de cooperar. «Ellos llegaron legalmente y la empresa BELCO no quiso recibirlos», señala Mccoy, quien subraya que desde 2019, los ciudadanos han protestado contra la empresa sin recibir atención adecuada.
El comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica de Honduras (CREE), Virgilio Padilla, respaldó esta intervención, señalando que «Honduras no es un potrero» y criticando la operación no regulada de BELCO, que no solo carecía de concesión o registro como agente de la CREE, sino que también operaba sin un pliego tarifario reconocido. «BELCO ha estado operando sin concesión, sin registro como agente de la CREE, y sin un pliego tarifario adecuado», reiteró Padilla, quien comparó la situación con tener un negocio sin permiso de operación.
La ENEE, en su comunicado, subrayó que la medida no busca expropiar la empresa, sino intervenirla por su ineficiencia, altos costos y por operar al margen de la ley. Según la ENEE, esta decisión busca responder a la creciente demanda y mejorar el servicio en una región donde el turismo es vital.
Sin embargo, BELCO ha respondido fuertemente, calificando la acción del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya como «confiscatoria». La empresa ha utilizado sus plataformas para denunciar lo que considera un ataque a la empresa privada, argumentando que defenderá legalmente sus derechos.
La situación en Guanaja resalta la problemática de un servicio eléctrico que no solo ha sido costoso y poco fiable, sino también aparentemente ilegal en su operación. La Ley General de la Industria Eléctrica, aprobada por el Congreso en 2022, declara la electricidad como un bien público y busca evitar la privatización del sector, un cambio que ahora enfrenta su prueba de fuego con el caso de BELCO.
Mientras tanto, los residentes de Guanaja esperan ansiosos mejoras tangibles en su suministro eléctrico. Con la intervención, el gobierno promete un futuro donde la energía no solo sea más asequible y fiable, sino también regulada de manera justa y transparente, garantizando que los abusos del pasado no se repitan.
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