Tegucigalpa, Honduras – Con la proximidad del juicio contra Juan Orlando Hernández, la atención de los medios nacionales e internacionales se agudiza, desplegando a sus reporteros más capacitados y expertos en narcotráfico, derecho estadounidense, y exfuncionarios de agencias investigativas de EE. UU. No obstante, un aspecto crucial parece quedar en la sombra: la mención de otros políticos hondureños señalados como co-conspiradores en las acusaciones de tráfico de drogas y armas que enfrentan Hernández y su hermano Juan Antonio.
Dentro de este contexto, emerge la figura de Miguel Rodrigo Pastor, identificado como CC2 en la documentación de la Fiscalía de Nueva York, que apoya las acusaciones contra los Hernández Alvarado. Pastor, miembro destacado del Partido Nacional, ha tenido una carrera política y académica notable desde sus primeros años de estudio hasta su papel en la administración pública de Honduras.
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¿Quién es Miguel Pastor?
Miguel Rodrigo Pastor Mejía, figura prominente dentro del panorama político de Honduras, nació en San Pedro Sula el 1 de febrero de 1965, compartiendo su vida desde el inicio con su hermano gemelo, Sebastián Pastor. Su formación académica tuvo raíces tanto locales como internacionales, iniciándose en el Instituto Salesiano San Miguel y continuando en la Riverdale High School de Nueva Orleans, Luisiana. Posteriormente, se graduó de la Universidad de Nueva Orleans, donde se especializó en Finanzas y Economía. Durante su tiempo en Estados Unidos, destacó por su liderazgo estudiantil, fungiendo como presidente de la Asociación de Estudiantes Latinos y coordinador del Primer Congreso Estudiantil «Hispanidad 88», lo que marcó el inicio de su compromiso con la comunidad hispana y la política.
A su regreso a Honduras, Miguel Pastor consolidó su vida personal al casarse con la doctora Nora Liduvina Melgar Gúnera, con quien procreó tres hijos: Miguel Rodrigo, Mayra de Jesús, y Nora Elizabeth de Jesús. Su carrera política despegó dentro del Partido Nacional de Honduras, donde su habilidad para coordinar campañas electorales le valió puestos de liderazgo significativos, incluyendo la presidencia de la Juventud Nacionalista y la representación como convencional por el departamento de Francisco Morazán. Su dedicación y estrategia política culminaron en 2001 cuando fue electo alcalde del Distrito Central, logrando una victoria histórica con más del 64% de los votos, la mayor cantidad obtenida por un alcalde en la historia de Honduras hasta esa fecha. Durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, Pastor desempeñó un papel clave como Secretario de Estado en el despacho de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), contribuyendo significativamente al desarrollo infraestructural del país y reafirmando su posición como un actor influyente dentro del Partido Nacional y el escenario político hondureño.
Participación de Miguel Pastor en el tráfico de drogas
Los documentos del caso de Fabio Lobo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York arrojan luz sobre las actividades ilícitas que vinculan a Pastor con el Cártel de Sinaloa, revelando un pago de $50,000 por su participación en reuniones para discutir la creación de una empresa en Puerto Cortés destinada a facilitar el transporte de cocaína hacia Estados Unidos. Estos encuentros, que tuvieron lugar entre 2012 y 2013, conectan a Pastor no solo con Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, sino también con el exdiputado Fredy Nájera, ambos condenados en EE. UU. por narcotráfico.
La implicación de Pastor en estas negociaciones sugiere un entramado de corrupción y complicidad que trasciende las figuras de los Hernández, abarcando un espectro más amplio de la política hondureña. A pesar de la gravedad de estas revelaciones, los medios de comunicación hondureños han mantenido un notorio silencio sobre la participación de Pastor y otros co-conspiradores, lo que plantea preguntas sobre la cobertura mediática y la transparencia en el seguimiento de este caso.
La redacción de estos eventos por parte de Honduras Network, una organización de sociedad civil comprometida con la lucha contra la corrupción, destaca la urgencia de una mayor atención mediática y judicial hacia todos los involucrados en este entramado de narcotráfico. La divulgación de pruebas, como el libro de contabilidad que detalla los vuelos de drogas asociados al grupo logístico de Fredy Nájera, desmiente la defensa de Fabio Lobo y apunta a una colaboración más profunda entre funcionarios hondureños y el narcotráfico internacional.
En vista de estas acusaciones, el juicio contra Juan Orlando Hernández promete ser no solo un momento decisivo para él y su hermano sino también un punto de inflexión para entender la extensión de la red de narcotráfico que ha permeado la política hondureña. La expectativa es que, a través de este proceso judicial, se clarifique el papel de los co-conspiradores y se avance hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en Honduras.
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