Tegucigalpa, Honduras – Continua la lucha contra la corrupción en Honduras, el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), ha presentado un requerimiento fiscal contra cinco exdiputados del Congreso Nacional, implicados en un escandaloso caso de malversación de fondos y fraude.
Entre los detenidos se encuentran Sara Medina y Carlos Roberto Guevara, ambos exmiembros del Partido Nacional (PN). Medina, particularmente conocida por sus declaraciones controversiales sobre la devolución de 7000 millones de Lempiras robados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y Guevara, representante por Copan, fueron capturados en una operación denominada JUSTICIA.
El Ministro de Seguridad, Gustavo Sanchez Velásquez, confirmó la detención de otro implicado, José Rogelio Sánchez García, en el marco de la misma operación, resaltando el compromiso del gobierno en erradicar la corrupción.
La investigación revela un esquema complejo donde los fondos del Congreso Nacional, destinados a proyectos sociales a través de ONGs, eran desviados a cuentas personales. Más de 42 millones de Lempiras fueron drenados a través de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
Según el requerimiento, los exdiputados manipularon el Fondo de Desarrollo Departamental, transfiriendo los recursos a sus cuentas personales y de otros colaboradores, incluyendo proyectos sociales inexistentes.
El caso se complica con la detección de 82 transferencias desde la Secretaría de Finanzas hacia AJOPADIH, realizadas en un período de seis meses. Un cooperador necesario en el esquema, no solo registró su firma en las cuentas de la ONG, sino que también transfirió grandes sumas a cuentas particulares, incluyendo las de los exdiputados implicados.
Con las evidencias presentadas, el Ministerio Público espera que se emitan las órdenes de captura para los siete acusados, marcando un precedente en la lucha contra la corrupción en Honduras y reflejando el esfuerzo del gobierno por restaurar la confianza en las instituciones públicas.