TEGUCIGALPA – Salvador Nasralla, reconocido por su trayectoria televisiva y cuestionada gestión política, vuelve a ser centro de controversia en el ámbito político hondureño. Tras perder el control del Partido Anti Corrupción (PAC) y el apoyo de la mayoría de sus diputados en 2016, Nasralla enfrenta ahora un nuevo desafío con el Partido Salvador de Honduras (PSH).
El martes 16 de enero de 2024, se confirmó un golpe significativo al PSH: la reducción de su representación en el Congreso Nacional de 10 a solo 4 diputados, tras las inminentes expulsiones de Tomas Ramirez y Osman Chávez. Estos diputados, recientemente nombrados en la nueva Junta Directiva del Congreso, se enfrentan a la exclusión del partido por desacatar la directiva de Nasralla.
La raíz de este conflicto surge de la insistencia de Nasralla en colocar a su esposa, Iroshka Elvir, en un puesto prominente dentro de la Junta Directiva. Nasralla, quien en 2022, había condicionado su apoyo a Luis Redondo como presidente del Congreso, siempre que Elvir fuera incluida en la Junta. Esta demanda siguió a su propuesta inicial de Maribel Espinoza para la presidencia, la cual no logró el consenso necesario dentro de la entonces alianza Libre – PSH.
Ampliar detalles: Fracaso del PSH y Salvador Nasralla: Desmoronamiento y Desafíos Políticos
Fuentes de Espacio Consciente revelaron que Nasralla comunicó, a través de intermediarios, que el PSH solo apoyaría la elección de la nueva Junta Directiva si Elvir obtenía un cargo superior al que ya poseía, específicamente la Secretaría. Este ultimátum incluía las decisiones clave del Congreso del 16 de enero, como las amnistías vehicular y municipal, además de la aprobación del Presupuesto General de la República.
La Junta Directiva saliente interpretó estas demandas como un chantaje político, optando por rechazar la propuesta de Nasralla. Este incidente revela las intenciones detrás de las amenazas de Nasralla a los diputados del PSH: asegurar un lugar privilegiado para su esposa en la nueva estructura del Congreso, un acto que muchos consideran un abuso de influencia y un desafío ético en la política hondureña.