Tegucigalpa, Honduras – En una reciente audiencia judicial en Estados Unidos, Midence Oquelí Martínez, exdiputado hondureño por el Partido Liberal, aceptó su culpabilidad en cargos de conspiración para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Este caso ha destapado una trama de sobornos y narcotráfico que involucra a miembros de alto rango de los partidos Nacional y Liberal, quienes, según declaraciones judiciales, recibieron hasta 20 millones de lempiras para garantizar la elección de Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional en 2014.
Durante el juicio llevado a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se presentó evidencia de una reunión crucial organizada por el cartel de Los Cachiros. Esta reunión, realizada a principios de 2014, contó con la participación de varios diputados, entre ellos Yuri Sabas, Allan Ramos y Marlon Lara, quienes hoy forman parte de la comisión de campaña del excandidato presidencial Salvador Nasralla.
El objetivo del encuentro, liderado por Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder de Los Cachiros, era consolidar el control político en Honduras mediante la elección de Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional. A cambio, los diputados involucrados recibieron pagos millonarios, según testimonios presentados por Rivera Maradiaga.
La trama no solo compromete al Partido Liberal, sino también al Partido Nacional, cuya dirigencia, liderada en ese entonces por Juan Orlando Hernández, utilizó su influencia para consolidar alianzas con el crimen organizado. Sin embargo, el caso también deja al descubierto las contradicciones dentro del entorno político de Salvador Nasralla, quien ha mantenido un discurso de lucha contra la corrupción y el narcotráfico, pero ahora enfrenta señalamientos directos hacia miembros de su equipo de campaña.
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Mientras tanto, medios afines a sectores de oposición intentaron desviar la atención hacia el Partido Libre, sugiriendo supuestos vínculos con el narcotráfico. No obstante, una revisión de las transcripciones judiciales publicadas por Pro Honduras Network descarta estas acusaciones, enfocándose únicamente en los partidos Nacional y Liberal.
La conexión con Salvador Nasralla
La revelación de que algunos de los actuales aliados de Nasralla, como Yuri Sabas, Allan Ramos y Marlon Lara, participaron en esta reunión genera preguntas sobre la consistencia de su postura anticorrupción. Nasralla, quien constantemente asegura no tener vínculos cuestionables, ha optado por el silencio frente a las acusaciones que involucran a su equipo.
Este caso también subraya cómo ciertos sectores de la oposición hondureña, en lugar de cuestionar las acciones de sus propios miembros, intentaron desviar la atención hacia otros partidos. La narrativa contra el Partido Libre, aunque sin sustento en este caso particular, refleja los intereses políticos detrás de la manipulación mediática.
El testimonio de Rivera Maradiaga detalló cómo los sobornos fueron distribuidos a un amplio número de diputados, quienes recibieron instrucciones directas para asegurar la elección de Oliva. La lista incluye nombres destacados dentro del Partido Liberal como Gabriela Núñez, Marlon Lara y Yuri Sabas, entre otros. Este esquema de corrupción evidencia una red profundamente arraigada entre el narcotráfico y la política hondureña.
Además, Rivera Maradiaga señaló que Midence Oquelí jugó un papel clave en facilitar operaciones delictivas para Los Cachiros, incluyendo el tráfico de drogas y el uso de armas. También lo acusó de ordenar asesinatos y secuestros, aunque estos cargos han sido negados por el exdiputado.
Ante estas revelaciones, el fiscal general Johel Zelaya ordenó el envío de un equipo de fiscales a Estados Unidos para recopilar información sobre los políticos mencionados en la audiencia. Según Zelaya, es esencial investigar y procesar a aquellos que utilizaron dinero del narcotráfico para influir en decisiones clave del país, como la elección de altos funcionarios.
El caso de Midence Oquelí Martínez pone en evidencia la profunda infiltración del narcotráfico en la política hondureña, afectando a los principales partidos del país. Las conexiones entre el crimen organizado y figuras políticas de alto perfil no solo comprometen la credibilidad del sistema político, sino también el futuro de la democracia en Honduras.
A medida que avanzan las investigaciones, surge una pregunta fundamental: ¿están los actores políticos actuales dispuestos a romper con estas redes de corrupción o simplemente intentarán ocultarlas bajo un manto de silencio y manipulación mediática?
La transparencia y la rendición de cuentas serán clave para determinar si Honduras puede superar este oscuro capítulo de su historia política. Mientras tanto, casos como este resaltan la necesidad urgente de reformas profundas que desmantelen los vínculos entre el narcotráfico y las instituciones del país.